La institución pública emitirá requerimientos de informe a las instancias involucradas para esclarecer los hechos e imponer sanciones.
eju.tv / Fuente: Defensoría del Pueblo
En cumplimiento a sus atribuciones constitucionales, el 3 de octubre de 2024, la Defensoría del Pueblo abrió la investigación de oficio en el Sistema de Servicio al Pueblo (SSP), de un caso suscitado el 20 de septiembre, referido a violación sexual de la ciudadana Nadia. A. O., quien llegó a instalaciones de la Unidad de Coordinación Regional de la ciudad de El Alto, señalando cómo agresor a su excompañero de trabajo Álvaro V.
Tras la orientación debida, se realizaron las gestiones necesarias para que el 4 de octubre del 2024, la víctima reciba la atención y valoración médica en el Hospital del Norte, como primera medida. En la misma fecha se puso a conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), el seguimiento al debido proceso y el respeto a la Guía y protección de los derechos de la víctima.
En noviembre de 2024, en acompañamiento continuo de la Defensoría del Pueblo, la víctima formalizó la denuncia sobre el hecho sucedido, presentando su declaración en la Felcv, tropezando en un inicio con la negativa a la admisión de sus declaraciones; situación por la que la Defensoría del Pueblo exigió respeto a los derechos de la peticionaria y el cumplimiento del debido proceso enmarcado en la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y el Código Penal, verificando que la denuncia siguiera su curso en la Fiscalía.
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Pese a que, durante el proceso de denuncia se atravesaron por diferentes dificultades en la Felcv y Fiscalía, se logró que el Fiscal Luis Alberto Boyán emita la Imputación Formal, aunque de manera tardía, el 31 de diciembre de 2024 contra el agresor identificado como Álvaro V., habiéndose también emitido las medidas de protección correspondientes para la víctima.
La Defensoría del Pueblo, lamenta profundamente que, pese a todas las acciones realizadas en acompañamiento a la víctima, el caso se haya desarrollado en un contexto de retardación de justicia; situación agravada por el acoso sistemático del agresor denunciado ante medios de comunicación por la hermana de la víctima, hecho que repercutió de manera trágica en su salud emocional orillándola a asumir la decisión de terminar con su vida.
La Defensoría del Pueblo, rechaza rotundamente el inadecuado proceder de la Policía Boliviana y la Fiscalía y exige que los funcionarios a cargo del caso Nadia sean sometidos a una investigación rigurosa para que los responsables de obstaculizar el cumplimiento del debido proceso en las investigaciones y la retardación de justicia, tengan la sanción debida.
Asimismo, se exige al Órgano Judicial y Policía Boliviana asumir acciones urgentes para reconducir los procedimientos estructurales y acciones de servidores públicos que en lugar de dar celeridad a las investigaciones vulneran el derecho al debido proceso, re victimizan afectando la dignidad humana y, en último caso, atentan contra el derecho a la vida.
La Defensoría del Pueblo continuará realizando acciones en seguimiento al caso expuesto, emitiendo requerimientos de informe a las instancias involucradas a objeto de velar el cumplimiento del debido proceso, evitar la retardación de justicia y la vulneración de derechos humanos de las mujeres.