La propuesta señala que es fundamental establecer un marco normativo que permita la libre y exportación del carburante, además de fomentar la inversión en el sector.
Fuente: eldeber.com.bo
La presidenta de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Laura Rojas, presentó este martes 11 de marzo, una propuesta de proyecto de ley para la liberación de la exportación e importación de diésel y gasolina, para así garantizar la provisión del carburante ante el colapso que atraviesa el país por el combustible.
El documento enumera que debido a la crisis energética, la falta de abastecimiento, de combustible y el impacto negativo de los subsidios en la economía nacional, es fundamental establecer un marco normativo que permita precisamente la libre importación y exportación de hidrocarburos.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Esta ley busca garantizar el suministro interno, fomentar la inversión en el sector y generar divisas para el país. La liberación de la importación y exportación del diésel y gasolina no es solo un tema económico, sino un asunto de seguridad alimentaria para Bolivia”, indica la propuesta de la legisladora cruceña.
Sobre la seguridad alimentaria, el proyecto enfatiza que 2.500.000 toneladas de alimentos dependen de un suministro continuo de combustible, que sin diésel la seguridad alimentaria del país está en riesgo tal cual ha insistido el sector agropecuario; y que con esta ley se busca reducir el impacto negativo de los subsidios y atraer inversión al sector.
«El objeto del presente proyecto de ley tiene por objeto regular la importación, regularización, comercialización y exportación del diésel y gasolina en el Estado Plurinacional de Bolivia, garantizando la seguridad jurídica, la libre competencia y el desarrollo del sector hidrocarburífero», afirma.
Ayer, lunes 10 de marzo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) admitió que no puede cubrir en este momento la demanda de combustible de los sectores productivos y que existe un problema para acceder a divisas para importarlo. Esta declaración causó una preocupación general en el país, desde los mismos protagonistas en el agro como de políticos y especialistas.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) exigió la liberación total de la importación de combustible para garantizar la cosecha de verano. Es más, la entidad anticipó el incremento de sus costos de producción.