La Fundación Apolo presentó un recurso de apelación luego que la justicia de Argentina rechazó la denuncia que se presentó contra el expresidente Evo Morales, por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y abuso de menores, que presuntamente cometió durante su asilo en el país vecino.
Fuente: ANF
“Se tenga presente el recurso de queja interpuesto por nuestra mandante, en su carácter de pretensa querellante; se haga lugar al presente recurso, revocando la decisión de archivar la denuncia que diera origen a la presente causa y ordenando la investigación de los hechos denunciados”, dice el petitorio del recurso legal al que accedió la ANF.
En noviembre de 2024, ese organismo formalizó una denuncia penal contra el exmandatario luego de las declaraciones que hizo la dirigente de los interculturales Angélica Ponce en el sentido de que, cuando visitaba al exmandatario durante su asilo en Argentina, observó a varias menores de edad que cumplían tareas domésticas y de jefas de gabinete.
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A la vez, solicitó que no se les niegue el derecho de intervenir como querellantes en ese caso, también se pidió ordenar al juez de grado que realice las medidas adecuadas para el esclarecimiento de los hechos denunciados, particularmente la colaboración internacional que permita recabar testimonios que fueron presentados en la justicia boliviana.
El recurso legal fue presentado por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda que representan al organismo no gubernamental, con el patrocinio del letrado Ignacio Falcón. Quienes también cuestionaron el actuar del juez ya que cerró el caso sin agotar los actos investigativos.
“La Justicia cerró el caso sin profundizar en los elementos de prueba aportados, lo que genera una preocupante sensación de impunidad”, señaló
En ese sentido, en el documento señalaron que Angélica Ponce, considerada como testigo clave en el proceso, no fue citada a declarar por las autoridades judiciales de ese país, lo que se constituye una grave irregularidad en la investigación.
Argumentos cuestionados
Según el documento, el juez indicó que la fundación no acreditó un interés legítimo para ser parte del proceso, el cual fue refutado por esa institución indicando que hicieron un seguimiento pormenorizado al caso y presentaron pruebas que sustentan la demanda.
“Esta postura desconoce el trabajo previo y sostenido de nuestra Fundación en relación a estos hechos, materializado en actuaciones administrativas iniciadas con anterioridad a la apertura de esta causa, incluyendo la presentación de una solicitud de acceso a la información pública ante la Dirección Nacional de Migraciones para la misma época en que los delitos investigados se habrían estado cometiendo”, explicó
El segundo fundamento , no se demostraron que los hechos denunciados se constituyan como crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos. A criterio de los demandantes, se hizo un análisis superficial y erróneo del proceso.
“Esta conclusión evidencia una evaluación superficial y errónea de la naturaleza de los delitos denunciados, que involucran presuntas conductas de trata internacional de personas, explotación de menores y abuso de poder, todas ellas calificadas como graves violaciones a los derechos humanos por instrumentos internacionales vinculantes para Argentina”, precisó.
Otras peticiones
Por otra parte, pidieron que se tome la declaración de la dirigente intercultural, se solicite información a la Dirección Nacional de Migraciones sobre el ingreso de menores de nacionalidad boliviana durante la estadía de Evo Morales.
A la vez, pidieron que se solicite la documentación de la propiedad donde se hospedó Morales y determinar si fue facilitada por el Estado argentino. Además, se demandó citar a declarar al expresidente Alberto Fernández, el excanciller Felipe Solá y la exdirectora de Migraciones, Florencia Carignano, con el fin de esclarecer las condiciones del asilo de Morales en el país y su posible vinculación con la red investigada.
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