Georgetown sostiene que la adopción de medidas cautelares es “urgente” porque estas acciones del régimen de Maduro le causarían “daños irreparables”
Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de Guyana, Irfaan Ali, en Los Ángeles (CA, EE.UU.). EFE/Etienne Laurent
(Con información de EFE)
Fuente: infobae.com
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Guyana pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitir de forma “urgente” medidas cautelares para exigir a Caracas “no celebrar elecciones en ninguna parte del territorio guyanés” y “abstenerse de cualquier acción que pretende anexar” el territorio en disputa, incluida la incorporación de “Guyana Esequiba” como parte de Venezuela.
La CIJ explicó este viernes que Guyana argumentó su solicitud en el anuncio de Venezuela de celebrar el 25 de mayo elecciones en la región de Esequibo, territorio en disputa entre ambos, lo que, señaló el Gobierno guyanés, violaría “su soberanía, integridad territorial e independencia política”.
Guyana sostiene que la adopción de medidas cautelares es “urgente” porque estas acciones de Venezuela le causarían “daños irreparables”, además de incumplir la orden de este tribunal de la ONU de diciembre de 2023, que exigió a Caracas abstenerse de tomar “acciones unilaterales” que alteraran la situación actual, donde Guyana administra la región.
En este sentido, pidió exigir a Venezuela que “no celebre elecciones en ninguna parte del territorio guyanés definido por el Laudo Arbitral de 1899″, incluyendo: extender el derecho a voto a personas residentes en el territorio en disputa; distribuir boletas electorales, tarjetas de votación u otros materiales electorales físicos o electrónicos en la zona; o presentar, nombrar o apoyar candidatos venezolanos en elecciones en el territorio.
El mapa del Esequibo, territorio en disputa (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)
También le solicitó impedir a Caracas establecer mesas de votación, centros de conteo o sedes electorales en dicho territorio; crear, elegir o designar gobernadores, consejos legislativos u otros funcionarios gubernamentales para el área en disputa; o comunicarse con los residentes del territorio en relación con elecciones organizadas por Venezuela.
La segunda medida cautelar solicitada por Guyana exige a Caracas “abstenerse de cualquier acción que pretenda anexar, de jure o de facto, el territorio en disputa, incluyendo la incorporación de ‘Guayana Esequiba’ como parte de Venezuela”.
Finalmente, quiere que la CIJ ordene a Venezuela que “se abstenga de modificar la situación actual en la zona en disputa, donde Guyana administra y ejerce control”.
Venezuela reclama la región de Esequibo, alrededor del 70 % del territorio de Guyana, incluidas las reservas de petróleo en alta mar, argumentando que el laudo arbitral es nulo y sin efecto debido a que “afectó fraudulentamente 159.500 kilómetros cuadrados del territorio” de la Guayana Esequiba, como la llama el régimen venezolano.
La dictadura de Venezuela reconoce como único instrumento legal para resolver esta controversia el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido (antes de la independencia guyanesa), y que establece bases para una solución negociada, pero las negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados.
En 2018, Guyana, antigua colonia británica, interpuso una demanda contra Caracas en la CIJ y en abril de 2023, la Corte se declaró competente para pronunciarse sobre el caso, lo que fue en un golpe a Caracas, que había intentado que se declarara “inadmisible” este caso, y subrayó en numerosas ocasiones que no consiente la jurisdicción de esta Corte sobre esta controversia.