El líder gremial lamentó la falta de seriedad por parte del Gobierno en su manejo de los sectores sociales y aseguró que la suspensión de la reunión refleja una intención de “incumplir” compromisos previos.
eju.tv / Video: DTV
El ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, Jesús Cahuana, lamentó este martes que las autoridades del Gobierno central no los hayan recibido en la reunión que los convocaron en instalaciones del Ministerio de Justicia, en la ciudad de La Paz, con el objetivo de conversar sobre la disposición confiscatoria, que actualmente está en análisis en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El hecho desató el malestar de los representantes del sector, quienes calificaron la situación de “burla”.
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“Firmamos en persona y todos los dirigentes llegaron desde los diferentes departamentos del país. Entonces, esto es una burla. Nosotros creíamos que tal vez íbamos a recibir buenas noticias, pero nos encontramos con otra actitud del Gobierno”, expresó Cahuana. Además, recordó que el análisis de la disposición confiscatoria del PGE corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y que su resolución será determinante en este conflicto.
El líder gremial lamentó la falta de seriedad por parte del Gobierno en su manejo de los sectores sociales y aseguró que la suspensión de la reunión refleja una intención de “incumplir” compromisos previos. “Se suspendió porque hemos enviado una lista con los nombres de los dirigentes departamentales y asesores que debían estar en la reunión, pero la citación sólo estaba dirigida a mí, pero en el encuentro deben estar todos”, subrayó.
Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, quien acompañó el proceso del sector gremial, recordó que el TCP tiene un plazo de 45 días calendario para pronunciarse sobre la disposición adicional séptima inserta en la Ley 1613, del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Explicó que la única salida viable es que el Gobierno acate la suspensión de la medida mientras se espera el fallo definitivo. Dependiendo de esta decisión, el artículo puede ser declarado inconstitucional o retornar a la Asamblea Legislativa para su revisión.
