Las autoridades judiciales y policiales deben reconocer su responsabilidad en la muerte de Nadia.
La Paz.- La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz mediante un comunicado exigen justicia y la aplicación de sanciones para las y los servidores públicos que menospreciaron la vida y dignidad de la periodista Nadia Apaza Ochoa.
El suicidio de Nadia Apaza Ochoa, periodista víctima de violación y revictimización en el Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Noveno de El Alto, es el resultado de un sistema judicial que menosprecia la vida y dignidad de las mujeres, se lee en el comunicado.
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Denuncian que la Suboficial Sgto. 2do Delia Delmira P.Y. al afirmar que la denuncia de Nadia “no procedería porque es su culpa”, no solo la revictimizó, sino que despreció su dignidad al reducir su sufrimiento a una cuestión de “culpa” personal.
Asimismo, el Fiscal Luis Alberto Bayón habría incurrido en grave negligencia al dilatar la imputación del presunto violador Álvaro Valero y soslayar la verificación de pruebas. Por tanto, afirman, no actuó en el marco de las funciones que establece la Ley 260, que exige garantizar justicia a las víctimas.
Señalan que estos hechos reflejan un sistema judicial que normaliza la violencia de género, incluso en instancias creadas para proteger a las mujeres. La Ley 348, diseñada para evitar la revictimización, fue desacatada por quienes debían aplicarla, mientras que el Artículo 303 del Código Penal —que castiga el trato cruel— quedó en letra muerta ante la indolencia de autoridades responsables de proteger los derechos humanos.
La muerte de Nadia es un recordatorio brutal: mientras el Estado no sancione a quienes revictimizan y menosprecian a las mujeres, la violencia de género seguirá siendo tolerada y normalizada. Exigimos no solo justicia para ella, sino un cambio estructural que garantice que las instancias judiciales respeten la dignidad de las víctimas y apliquen la ley con rigor, sin distinciones.
En ese sentido, denuncian que el suicidio de Nadia es el resultado directo de un sistema que convierte la búsqueda de justicia en un peregrinaje indigno, donde la vida de las mujeres se trunca por la indolencia de servidores públicos. “Su muerte no solo truncó los sueños de una joven profesional, sino que destruyó la esperanza de su familia y de todas las víctimas que, como ella, enfrentan un laberinto de desprecio y negligencia”, se lee.
Con esos antecedentes, exigen a las autoridades judiciales y policiales: Reconocer su responsabilidad en la muerte de Nadia, cuyo peregrinaje por justicia se convirtió en un camino hacia el suicidio por la falta de respuestas.
También demandan que se sancione sin excusas ni dilaciones y con todo el rigor de la ley a quienes le negaron protección, exponiéndola a mayor riesgo y menospreciando su vida.
Además de capacitar a los funcionarios responsables de la atención a víctimas de violencia, garantizando protocolos que eviten la revictimización.
“Nadia no debe ser un número más en las estadísticas de la violencia de género, sino un grito de alerta para que las instancias judiciales y policiales dejen de ser cómplices de la impunidad y se conviertan en garantes de la dignidad y la vida de las mujeres”, indican.