La Federación de Choferes Asalariados dio 48 horas al Gobierno para resolver desabastecimiento y mantenimiento vial. Anuncian suspensión de peajes y paro indefinido si no hay respuesta.
La Federación de Choferes Asalariados de Transporte Nacional e Internacional de Bolivia lanzó este miércoles un ultimátum al Gobierno.
Exigen la renuncia del ministro de Hidrocarburos, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el ministro de Obras Públicas y el director de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) por la «incapacidad» para resolver la crisis de desabastecimiento de combustible y el deterioro vial.
Asalariados
Si no hay respuestas hasta este jueves, los transportistas bloquearán estaciones de servicio en todo el país, suspenderán el pago de peajes e iniciarán un paro indefinido.
El anuncio se oficializó tras una reunión de emergencia virtual realizado el martes, donde los afiliados a la Federación denunciaron la falta de diésel y gasolina en surtidores, así como el estado crítico de las carreteras.
Por ello, anunciaron que no pagarán peajes hasta que se garantice el combustible y también el mantenimiento de las carreteras, que se encuentra en mal estado a causa de la época de lluvias.
La Federación responsabilizó a las autoridades de Hidrocarburos y Obras Públicas de paralizar la cadena logística del país.
«Si en 48 horas no hay soluciones, no solo bloquearemos surtidores, sino que exigiremos la renuncia de todo el gabinete», advirtieron a través de un pronunciamiento.
El plazo vence este jueves al mediodía y el sector advierte que la medida afectará el transporte de carga, pasajeros y el abastecimiento de productos básicos, como alimentos y otros servicios.
Mientras tanto, el Gobierno no se ha pronunciado sobre las exigencias, aunque YPFB anunció este miércoles la descarga de varias cisternas con carburantes para garantizar el abastecimiento.
La tensión crece en un escenario donde la escasez de combustible ya generó protestas de agroproductores, interculturales, mineros y ciudadanos en varias regiones. Los transportistas aseguran que esta vez «no habrá retroceso» y exigen una respuesta adecuada del Gobierno.