Arturo Murillo, exministro del Gobierno de Jeanine Áñez, será liberado el 21 de julio de 2025, según la información de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos. La Procuraduría espera su detención en Chonchocoro.
eju.tv / Video: No Mentirás
Arturo Murillo, exministro de Gobierno durante la gestión de Jeanine Añez, será liberado por la Justicia de Estados Unidos el 21 de julio de 2025, sin embargo, en Bolivia está declarado «rebelde» y ya cuenta con una sentencia condenatoria» por el caso «gases Ecuador», por lo que será detenido y enviado a la cárcel.
Así lo anunció el procurador Ricardo Tola, quien indicó que hay varios procesos en contra de la exautoridad en los que está declarado como rebelde. El exministro está procesado además por los casos «gases Brasil», por las muertes en Senkata y Huayllani y por un caso de legitimación de ganancias ilícitas.
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«Una vez que arribe a territorio nacional inmediatamente las autoridades bolivianas, con ese mandamiento de condena, es sujeto de que este proceso puede ser ejecutado el mandamiento de condena o en su defecto se lo aprehenda inmediatamente por estos procesos que tiene», indicó el procurador.
¿El día que aterrice Murillo va a la cárcel? «Exactamente porque tiene ya sentencias condenatorias», remarcó en una entrevista con el programa No Mentirás que se difunde en la red RTP.
Murillo, exministro del Gobierno de Áñez, será liberado el 21 de julio de 2025, según la información publicada en el sitio web de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos.
Murillo cumple a la fecha una condena por los delitos de lavado de dinero y recepción de sobornos en el caso de una negociación por la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio para el Estado boliviano.
El exministro y hombre fuerte del Gobierno de Áñez fue detenido en mayo de 2021 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según los documentos judiciales de EEUU, Murillo y los otros implicados en este caso recibieron unos 600.000 dólares en sobornos entre noviembre de 2019 y abril de 2020, a cambio de facilitar contratos a una empresa estadounidense para la provisión de material antimotines.
El procurador precisó que el Gobierno de Bolivia gestiona la extradición de la exatoridad, aunque este proceso es extenso.