Fue convocado por estar supuestamente involucrado en el «gabinete civil» del supuesto intento de golpe de Estado que denuncia el Gobierno.
El analista económico Gonzalo Chávez se presentó la mañana de este jueves en dependencias de la fuerza anticrimen de La Paz para declarar el en caso del supuesto intento fallido de golpe de Estado, que involucra al exjefe militar Juan José Zúñiga.
«No tengo dudas de que este intento de desprestigio forma parte de una campaña de amedrentamiento, motivada por mis críticas al modelo económico vigente y por las múltiples propuestas que, desde la reflexión técnica y democrática, he presentado para enfrentar la profunda crisis que atraviesa el país», publicó Chávez, en una publicación que acompañó con una foto suya en dependencias de la Felcc.
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La Comisión de Fiscales que investiga la toma militar de la Plaza Murillo convocó al analista para que declare en calidad de testigo en el caso que tiene como principal acusado al general Zuñiga, identificado como el supuesto autor de los hechos del 26 de junio de 2024, cuando un contingente militar tomó la plaza Murillo.
«Me enteré de los eventos del 26 de junio únicamente a través de los medios de comunicación. No participé, no presencié, y no mantengo vínculo alguno —ni directo ni indirecto— con las personas involucradas en este proceso. Así lo manifesté, de manera categórica y bajo juramento, en mi declaración oficial», sostuvo el economista.
Chávez cuestionó que no se haya respetado el principio de presunción de inocencia, ya que luego de la divulgación del documental del 26 de junio de 2024 el Gobierno activó acciones contra los supuestos integrantes del «gabinete civil» que forma parte de la trama que defiende la administración de Luis Arce.
«Lo que resulta profundamente indignante y jurídicamente alarmante es que el Ministerio de Gobierno haya producido y difundido un documental en el que se da por cierta la existencia de este supuesto gabinete, se presume la culpabilidad de los mencionados, y se mancha públicamente el nombre de personas sin pruebas ni debido proceso».