La decisión del TCP fue recibida como una reivindicación de los derechos constitucionales por parte de los procesados.
eju.tv
El rector Vicente Cuéllar, involucrado en la investigación por los 36 días de paro en Santa Cruz, afirmó este martes que todos los implicados en el hecho deberían ser procesados en Santa Cruz, esto por el recurso que fue admitido ante la justicia y que abre la posibilidad de que los casos por supuesto terrorismo no queden radicados en La Paz.
«Nosotros reclamamos un derecho que tenemos al juez natural, es decir, que las personas que supuestamente están involucradas en el paro de los 36 días, ese hecho ocurrió en Santa Cruz, aquí trabajamos y aquí vivimos, por lo tanto deberíamos ser procesados en Santa Cruz», señaló el titular académico de la universidad pública de Santa Cruz.
El proceso penal por el delito de terrorismo que se sigue contra varias autoridades y líderes cruceños quedó paralizado luego de la admisión de una Acción de Inconstitucionalidad Concreta por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
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La acción fue presentada contra el Decreto Supremo 138 del 20 de mayo de 2009, norma que sustenta la radicatoria del caso en la sede de gobierno. «Esto implica que se revoca la resolución del juez de Instrucción Penal Anticorrupción que nos estaba procesando desde la ciudad de La Paz», dijo Cuéllar.
La decisión del TCP fue recibida como una «reivindicación de los derechos constitucionales» por parte de los procesados, entre ellos el rector Cuéllar, el vicerrector Reinerio Vargas, el abogado constitucionalista José Luis Santistevan, el expresidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el gobernador Luis Fernando Camacho.
«Los próximos pasos a seguir son notificar con este auto constitucional al juez que rechazó este recurso extraordinario y, segundo, vamos a solicitar que en base a este este auto constitucional el proceso se paralice hasta que se resuelva esta excepción», declaró el abogado defensor Diego Coimbra.
Los procesados reafirmaron su compromiso con la defensa del estado de derecho, la justicia y los principios democráticos, e instaron a las autoridades a respetar los procedimientos legales y los derechos constitucionales, según un pronunciamiento de los involucrados en el caso.