Insurgencia alimentaria
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La intoxicación de trabajadores agrícolas, productores pequeños y medianos en la agricultura boliviana es grave, muy grave, no existen autoridades de salud, ni funcionarios públicos que realicen alguna acción real y eficaz destinada a parar este atentado directo a la salud de las personas, pero también del agua, la tierra y aire allí donde se siembra y cosechan productos. Por su puesto, que la situación es mayor en el Departamento de Santa Cruz y bajo la forma de cultivos extensivos e intensivos subordinados al esquema del agronegocio.
No fue un error o una calificación exagerada señalar que el Departamento de Santa Cruz se ha convertido en una “zona de sacrificio” para todos sus habitantes, situación que no sólo se aplica a los incendios forestales (Manuel Morales https://patriainsurgente.nuevaradio.org/?p=1829) sino al abuso de los agroquímicos.
Varias instituciones han publicado el libro “Plaguicidas en la agricultura. Implicaciones para la salud en comunidades de Santa Cruz”, donde se ratifican con datos de biomonitorización de metabolitos la presencia de plaguicidas en el sistema biológico de personas que se dedican a las labores agrícolas, que en la actualidad hacen uso intensivo de pesticidas, que siendo agroquímicos son en realidad agrotóxicos.
En las décadas de los 70, 80 y 90 del siglo anterior, el trabajo agrícola asalariado era la modalidad que utilizaban los empresarios para beneficiarse de una mano de obra a muy bajos costos en la zafra azucarera y su posterior industrialización en los ingenios azucareros. Se trataba de un trabajo en la modalidad de jornal, temporal, precario, donde el famoso “enganche” permitía el reclutamiento de masas de trabajadores y sus familias para cortar manualmente la caña de azúcar y realizar otras labores agrícolas complementarias. Fruto de esta actividad de sobre explotación, los emprendimientos agrícolas se acostumbraron a no establecer una directa relación obrero-patronal; no pagar salarios (por ejemplo, el jornal durante un mes no llegaba a cubrir el salario mínimo nacional); no incorporar a los trabajadores al sistema de seguridad social y otros factores más ya descritos en mi libro “¿Salario Digno?. Propuesta de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados del Campo del departamento de Santa Cruz” CIPCA. (2016).
Sin embargo, con el paso del tiempo, el trabajo a jornal se fue transformando en un trabajo familiar campesino a partir de la fragmentación de la gran propiedad de la tierra, el acceso a la misma (durante el gobierno del MAS) de parte de interculturales dando por resultado la producción de soya y otros productos en manos de pequeños y medianos productores en la zona del norte integrado de Santa Cruz. De esta manera se conformó el clúster del agronegocio (Libro de Manuel Morales sobre el agronegocio https://cipca.org.bo/noticias/cipca-presento-libro-sobre-el-agronegocio-en-el-departamento-de-santa-cruz) donde los empresarios (muchos de ellos extranjeros) ocupan la cúspide de este triángulo productivo con presencia de medianos y pequeños productores en la base. Los grandes productores están afiliados a ANAPO y los otros a la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (CAPO).
Los afiliados a CAPO son los que hacen el “trabajo sucio con los agroquímicos”, ya que ellos y otros pequeños productores están en las labores agrícolas en el terreno siendo fumigados y autofumigados con los pesticidas, para cosechar soya, sorgo, girasol que son vendidos a los intermediarios o grandes empresarios.
Las víctimas en su salud son estos productores que viven bajo el mito de ser “agroempresarios”; y por supuesto, no saben que están enfermos, gravantemente contaminados. Como no son asalariados, son cuentapropistas, deberán ellos mismos cuidarse y sanarse, algo difícil de que suceda porque las autoridades de salud no hacen nada, ni para prevenir, informar o atender estas patologías provocadas por el modelo agrícola vigente.
Es más, el gobierno de Luis Arce, ha autorizado el uso de nuevos eventos de soya transgénica que demanda el uso intensivo de herbicidas (nuevos y viejos como el Glifosato y el Glufosinato de Amonio) solo para los pequeños productores, como es el “evento OGM Soya Intacta MON87701 x MON89788”, delimitando el espacio territorial para su siembra. Esta política que aparenta favorecer al sector de CAPO, en realidad lo que genera es el uso intensivo de soya transgénica y sus agroquímicos, que son parte de un “único paquete importado” a ser implantado en la región. Sobre los peligros de este evento, ya hice las denuncias públicas en https://erbol.com.bo/opinion/soya-intacta-rr2-pro-pisotea-normas-e-instituciones-bolivianas.
Durante el gobierno de Evo Morales, se fomentó el crecimiento del sector agricultor organizado en CAPO con intensión de darle mayores incentivos económicos para su crecimiento tomando en cuenta que los problemas de salud generados en los campos cruceños, son el “costo de oportunidad que ellos mismos deben cubrir”. Así, en marzo de 2016, mientras el gobierno de Evo Morales restringía las exportaciones de soya de ANAPO, autorizaba la liberación plena de las exportaciones de soya (100.000 toneladas) para los productores afiliados a CAPO.
Al final, ANAPO y CAPO están para el beneficio propio, pero la diferencia de uno respecto al otro no sólo se encuentra en su tamaño, sino en que los pequeños productores de soya de Santa Cruz cargan con todas las consecuencias de la fumigación con agroquímicos, en una región donde se queda el “96% de fungicidas, 97% de herbicidas y 90% de insecticidas importados” y de contrabando (Manuel Morales: Bolivia bajo el yugo del colonialismo de los agroquímicos. https://erbol.com.bo/opinion/bolivia-bajo-el-yugo-del-colonialismo-de-los-agroquímicos).
Finalizó indicando que al Ministerio de Salud no le preocupa este tema, nadie controla el ingreso de agroquímicos prohibidos y utilizados en la agricultura boliviana. ¡Esto tiene que terminar y cambiar!