Las pruebas de alcoholemia deben realizarse exclusivamente en dependencias oficiales.
Ligia Portillo
Fuente: Red Uno
En una jornada de socialización dirigida a la población, la Dirección de Tránsito dio a conocer el procedimiento oficial que deben seguir los efectivos policiales al momento de identificar a una persona sospechosa de conducir bajo los efectos del alcohol. La institución fue enfática al señalar que las pruebas de alcoholemia deben realizarse exclusivamente en dependencias oficiales y por personal debidamente capacitado y certificado.
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El director de Tránsito, coronel Richard Ugarte, explicó que, ante un caso sospechoso, el conductor debe ser trasladado a instalaciones policiales únicamente con fines de registro, sin que esto represente una detención formal.
“Toda persona con signos visibles de haber consumido alcohol será llevada a nuestras oficinas para una verificación. No se trata de un arresto, sino de un procedimiento obligatorio para confirmar el estado del conductor”, indicó Ugarte.
Sólo personal especializado puede aplicar las pruebas
El protocolo establece que únicamente personal con certificación otorgada por el Comando Nacional de La Paz y el aval del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (Ibnorca) puede aplicar las pruebas, que se realizan mediante pipetas nuevas y descartables.
Una oficial explicó el paso a paso del proceso: se solicita un documento de identidad, se informa al conductor sobre sus derechos, y se procede al test con una pipeta nueva que se abre frente al involucrado. El conductor debe soplar con fuerza, y el resultado aparece de inmediato en el dispositivo. “Todo se realiza bajo norma ISO 9001, lo que garantiza transparencia y fiabilidad en cada prueba”, señaló.
Límite permitido y normativa vigente
De acuerdo al Decreto Supremo 1347, artículo 14, el límite permitido de alcohol en conductores es de 0,50 gramos por litro de sangre o su equivalente en aire aspirado, que es el método utilizado actualmente.
El director Ugarte aclaró que el resultado de esta prueba es determinante y tiene validez legal, siempre que se haya realizado bajo las condiciones establecidas. Otro punto importante que se socializó fue el costo del procedimiento. Las personas sometidas a esta prueba deben cubrir un monto de 40 bolivianos, que se cancela mediante una cuenta fiscal en la Oficina de Fiscalización y Recaudación de la Policía Boliviana.
“Este pago es obligatorio y se hace con valoradas oficiales, garantizando la transparencia del proceso”, afirmó Ugarte.
Prohibidos los bastones alcoholímetros: “No están certificados”
Uno de los puntos más relevantes de la jornada fue la prohibición expresa del uso de bastones alcoholímetros (alcosensores), dispositivos que fueron usados de manera referencial durante la pandemia, pero que no cuentan con certificación ni autorización oficial.
“Fueron una medida provisional para evitar el contacto cercano con conductores en la época del Covid-19, pero hoy están totalmente prohibidos. No tienen validez legal”, enfatizó Ugarte.
La Dirección de Tránsito también hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad o uso indebido de alcoholímetros no autorizados durante los controles policiales.
“Las denuncias pueden realizarse a través de Radio Patrullas 110. Contamos con un ente disciplinario que sancionará administrativamente cualquier acto fuera de norma”, concluyó Ugarte.