Unas 99 mujeres encarceladas en Colombia por delitos menores vinculados con drogas han sido liberadas para purgar sus penas fuera de prisión bajo una ley del gobierno de Gustavo Petro, informó el ministerio de Justicia.
Bogotá (AFP) – El presidente izquierdista sancionó esta normativa en 2023 para madres cabeza de familia y de bajos recursos, que busca descongestionar las cárceles y cambiar el enfoque de la guerra antidrogas que considera un «fracaso».
Las beneficiadas deben tener autorización de un juez y hacer trabajo social a cambio de sus penas por tráfico, en el país que más produce cocaína del mundo.
«Uno de los proyectos más importantes que tiene Colombia es la intención de proteger a las mujeres madre cabeza de familia», dijo el martes la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en un evento en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá ante decenas de presas.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la principal causa de detención de las mujeres en América son delitos relacionados con drogas.
En Colombia, el 13% de la población carcelaria son mujeres.
Este «enfoque restaurativo» con perspectiva de género se pensó para reparar a mujeres que delinquieron en contextos de pobreza, abuso o violencia machista, según el gobierno.
Pero acceder a esta medida es difícil. De las 2.697 candidatas, solo unas 100 están libres.
Diana Carolina Plata salió de la cárcel hace un mes tras cinco años recluida y asegura que sus hijos no la reconocían.
Un juez «me dijo que mi caso no servía» por decidir «salir a delinquir» en lugar de «quedarme junto a mis hijos», cuenta a la AFP entre lágrimas. Plata fue encarcelada por vender cuatro libras de marihuana empujada por la «pobreza extrema».
Aunque la ley se creó para delitos relacionados con drogas, ahora se extiende a hurtos menores y condenas que no excedan los ocho años.
Una presa de 19 años que pidió mantener su identidad bajo reserva fue detenida tras robar un bolso y espera aplicar.
«Me da mucha rabia porque me arrepiento», dice. No tiene hijos, pero es proveedora de su familia.
A quienes salen de prisión les preocupa encontrar trabajo y sobrevivir afuera.
«Tienen que prestar el servicio social y cuidar de sus familias (…) No hay oportunidades laborales», explicó a la AFP Claudia Alejandra Cardona, directora de la asociación Mujeres Libres, que ve necesario abordar la vulnerabilidad que las llevó a delinquir.
Organizaciones de defensa de derechos humanos denuncian alimentación deficiente, hacinamiento y falta de garantías de derechos sexuales y reproductivos en las prisiones.
El 79% de las mujeres detenidas en 2019 por narcotráfico o crímenes similares en Colombia tenían entre uno y cinco hijos, según un informe de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito.
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