El mandatario estadounidense sigue comprometido con detener la migración irregular en los límites de California, Nuevo México y Arizona, donde considera que existe una situación de “emergencia nacional”.
La idea de la iniciativa es que este corredor quede -de manera temporal- bajo jurisdicción militar para poder facilitar las operaciones contra la inmigración irregular y, a su vez, que cualquier detención en dicha zona pueda ser considerada y juzgada como una intrusión a una base militar.
“Nuestra frontera sur está siendo atacada por diversas amenazas. La complejidad de la situación actual exige que nuestras Fuerzas Armadas asuman un papel más directo en la seguridad de nuestra frontera sur que el que tuvieron en el pasado reciente”, se lee en el memorándum difundido por la Casa Blanca.
El texto suma que, desde este sábado, comenzará a regir un período inicial de evaluación de 45 días, a cargo del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que servirá para estudiar la situación en su totalidad antes de avanzar sobre disposiciones adicionales.
Es por ello que, durante su primera presidencia, Trump aprovechó el estatus excepcional del corredor para construir un muro a lo largo de sus 1.107 kilómetros, que permitió la puesta en marcha de otros proyectos de seguridad e infraestructura como vallas, carreteras y sistemas de vigilancia.
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Ahora, nuevamente, el republicano busca continuar con esta iniciativa, también con la instalación de “barreras fronterizas y el emplazamiento de equipos de detección y vigilancia”, entre otros.
No obstante, varios expertos han advertido que la orden ejecutiva podría excederse en sus facultades legales, ya que la protección de la frontera es competencia de las fuerzas de seguridad civiles y, por tanto, el despliegue del Ejército en estas condiciones representa una violación de la ley Posse Comitatus.
La decisión de Trump se produce en el contexto de su lucha contra la migración irregular que, a su entender, se había descontrolado durante el Gobierno de Joe Biden.
Para ello, a su regreso a la Casa Blanca, el 20 de enero, ordenó una serie de medidas para perseguir a los indocumentados y deportarlos, especialmente a los criminales o sospechosos de estar vinculados a bandas narcoterroristas.
Inclusive, en el caso de México, al que también acusa de tener un rol pasivo en el tráfico de fentanilo hacia su país, Trump declaró una situación de “emergencia nacional”, lo que le permitió destinar más fondos a esta causa, que se tradujo en mayor presencia de personal de la Guardia Nacional para “asegurar la frontera” y repeler las diversas “formas de invasión”.
Como consecuencia, según cifras provistas por el Ejecutivo estadounidense, la migración irregular desde este país se ha reducido a mínimos históricos, con 7.200 casos en marzo, frente a los 189.000 del mismo mes del año anterior.