Campero señaló que no es coincidencia que magistrados del TCP busquen presionar a los legisladores para que aprueben créditos, luego una juez deje sin efecto la orden de aprehensión con Morales.
eju.tv /Video: La Hora Pico
Santa Cruz.- La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, denunció que el sistema judicial boliviano se encuentra en un estado de descomposición tan profundo que estaría operando políticamente para habilitar la candidatura del expresidente Evo Morales, a pesar de existir una sentencia constitucional que prohíbe su postulación.
La afirmación de la legisladora se dio luego de que la juez Lilian Moreno dejara sin efecto la orden de aprehensión contra Morales, quien es investigado por un caso de presunta trata de personas, vinculado a un escándalo de abuso de una menor de edad durante su gestión como presidente.
“Lo que están permitiendo desde este sistema judicial podrido, que todavía no ha sido renovado al cien por ciento, es que Evo Morales pueda ser nuevamente candidato”, declaró Campero en entrevista con el programa La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.
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La diputada también reveló haber recibido una denuncia directa sobre un posible chantaje institucional por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Según Campero, los magistrados —varios de ellos prorrogados más allá de su mandato legal— estarían pretendiendo «chantajear» a la Asamblea Legislativa para que aprueben los créditos, a cambio de no habilitar a Morales.
“Hoy en la mañana recibí la denuncia de que los magistrados pretenderían habilitar a Evo Morales si la Asamblea Legislativa no aprobaba los créditos. Una hora después, la orden de aprehensión desaparece. Es decir, esto no es una coincidencia”, sostuvo.
La diputada también alertó sobre una resolución favorable a Morales dictada por una juez que —según sus palabras— mantiene una relación de cercanía con el exmandatario. “Por supuesto que lo pueden volver a habilitar a Evo Morales, porque además de los nueve magistrados del Tribunal Constitucional, cinco son prorrogados. Puede haber ahí un cambio de decisión, eso es obvio”, advirtió Campero.
Asimismo, calificó esta situación como una amenaza directa a la democracia boliviana. “Se está manipulando la justicia para dejar en impunidad a quienes han cometido delitos y para permitir que delincuentes puedan ser candidatos a la presidencia”, concluyó.