En respuesta a Anambo, Gobierno descarta subir el monto de la Renta Dignidad para la gestión 2025


El Gobierno descartó un incremento al monto de la Renta Dignidad para la gestión 2025, en respuesta a una solicitud enviada por la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia (Anambo) al ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, en febrero de este año. La información fue confirmada por la viceministra de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Hortencia Villanueva.

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Imagen referencial. Foto: ABI

Fuente: ANF

La Paz.- El Gobierno descartó un incremento al monto de la Renta Dignidad para la gestión 2025, en respuesta a una solicitud enviada por la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia (Anambo) al ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, en febrero de este año. La información fue confirmada por la viceministra de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Hortencia Villanueva.



“Se considera que no es viable ningún incremento, ya que se debe priorizar la sostenibilidad y la continuidad del pago de la Renta Dignidad”, afirmó Villanueva, subrayando que este beneficio está garantizado dentro de las políticas de redistribución de ingresos hacia los sectores más vulnerables del país.

La autoridad destacó que, desde su creación en 2008, la Renta Dignidad no ha dejado de pagarse ni un solo día, a pesar del crecimiento vegetativo de la población adulta mayor y de la coyuntura económica internacional. Este cumplimiento sostenido, dijo, demuestra el compromiso del Estado con este sector.

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La mañana del lunes, adultos mayores realizaron una protesta entre las calles Mercado y Ayacucho, en el centro de la ciudad de La Paz, en demanda del incremento de la Renta Dignidad. Señalaron que es necesario el aumento debido al alza de precios de los productos de la canasta familiar.

“Estamos hace seis años sin aumento a la Renta Dignidad. Desde el 2022 estamos andando tras ese pedido”, dijo a los medios de comunicación, Angélica Nancy, vicepresidenta de Anambo.

La Renta Dignidad es parte del Régimen No Contributivo del Sistema Integral de Pensiones, y está dirigida a todas las personas mayores de 60 años que residen en Bolivia, sin importar si han aportado o no a la seguridad social de largo plazo.

Este beneficio es financiado principalmente a través del Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV), que se alimenta del 30% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de los dividendos generados por empresas públicas nacionalizadas, y de otras fuentes complementarias.

En años anteriores, el Gobierno aprobó incrementos a este beneficio mediante normativa emitida en 2013, 2014, 2017 y 2019. Actualmente, los adultos mayores rentistas perciben Bs 3.900 anuales (Bs 300 mensuales, incluido aguinaldo), mientras que los no rentistas reciben Bs 4.550 al año (Bs 350 mensuales, también con aguinaldo).

Sin embargo, agregó Villanueva, el aumento sostenido en el número de beneficiarios ha representado una carga creciente para el FRUV. A la fecha, más de 1,2 millones de adultos mayores reciben esta renta, lo que ha obligado al Estado a recurrir a fuentes de financiamiento adicionales, como aportes propios y contribuciones de empresas estratégicas.

Para la gestión 2024, el fondo destinó Bs 4.762 millones al pago de este beneficio. En 2025, el presupuesto previsto asciende a Bs 5.529 millones, en previsión de que la población beneficiaria crezca hasta alcanzar los 1.296.543 adultos mayores, según estimaciones oficiales.

La viceministra también subrayó que, aunque no se incrementará el monto de la Renta Dignidad, el Gobierno ha implementado otras medidas económicas orientadas a proteger el poder adquisitivo de toda la población, incluyendo a los adultos mayores.

Entre esas medidas, Villanueva mencionó la subvención a productos básicos de la canasta familiar como gasolina, diésel, harina, manteca, levadura, azúcar, arroz y maíz, con el objetivo de estabilizar los precios y evitar un mayor deterioro de las condiciones de vida.

La autoridad reiteró el compromiso del Gobierno con la continuidad de la Renta Dignidad y recordó que cualquier modificación a su monto debe estar sustentada en estudios técnicos y financieros que garanticen la sostenibilidad del programa.

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