La fundación Tierra, una Organización No Gubernamental (ONG) que trabaja en el país, observó que, de los 136 procesos planteados por incendios en 2024, solo seis hayan concluido con el dictamen de una sentencia.
“Eso quiere decir que todavía estos procesos por incendios forestales siguen en trámite. Sería bueno conocer en qué estado están. Van a haber resultados, si realmente estos procesos están encaminados”, dijo Jhovanna Morales, asesora jurídica de la ONG, citada en un boletín institucional.
Los 136 procesos iniciados marcan una cifra récord si se toma en cuenta que en 2023 se conocieron de 29 demandas.
El director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Luis Flores, destacó la cifra de procesos iniciados y lamentó que la pena por incendios sea de dos a seis años de cárcel.
“Venimos pidiendo a gritos a opositores y oficialistas para que modifiquen el Artículo 206 del Código Penal donde endurezcan la pena. Al que quema lo pillan en el monte, se devastan más de miles de millones de hectáreas, se somete a un procedimiento abreviado y tiene (solo) dos años de cárcel y al otro día está libre”, cuestionó la autoridad.
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Este criterio fue expresado durante la Audiencia Pública Rendición de Cuentas Final 2024 de la ABT, que se realizó el 14 de marzo.
Así también, el director general de Asuntos Jurídicos de la ABT, Antonio Vidaurre, indicó que el pasado año se iniciaron 1.145 procesos administrativos sancionadores, de los cuales 862 fueron resueltos mediante resoluciones administrativas.
Agregó que, la cantidad también contrasta con los resultados de la gestión 2023, cuando se iniciaron 1.376 procesos y se resolvieron 746.
En 2024, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5203 que determina el incremento de la sanción económica por las contravenciones a la Ley Forestal, como las quemas ilegales en espacios protegidos y subió la multa de 20 centavos de dólar por hectárea de daño hasta 976 UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda), que equivale a 2.587,4 bolivianos, según el tipo de cambio al 3 de abril de 2025 (Bs 2,65).
El pasado año, entre junio y octubre, más de 10 millones de hectáreas fueron devoradas por las llamas, resultado del cambio climático, la ausencia de sanciones a los infractores y las decisiones políticas de las autoridades.