El crecimiento de las cooperativas mineras auríferas avanza a pasos agigantados. Cada mes se crean al menos 10 nuevas asociaciones en el país, en un contexto marcado por la pérdida de control del Estado y la violencia, que, en medio de “una guerra del oro”, incluso ha cobrado vidas.
Édgar Durán, abogado de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), explicó que solo la organización a la que asesora cuenta con más de 1.300 cooperativas afiliadas, mientras que el crecimiento en este sector está marcado a razón de 10 por mes.
Según el jurista, la principal razón para este crecimiento es el desempleo, porque gran parte de los cooperativistas son personas que antes se dedicaban a la siembra y al pastoreo; sin embargo, la falta de agua o los fenómenos climáticos que jugaban en contra de su actividad los empujaron a buscar otros horizontes y uno de esos fue formar una cooperativa aurífera.
Sin embargo, para el analista en temas mineros de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, si bien la falta de empleo es una razón para el incremento de cooperativas auríferas, hay que añadir a este panorama otros aspectos más, tales como el precio internacional del mineral y la flexibilidad con la que actúa el Gobierno con las organizaciones que explotan el oro.
El especialista explicó que la cotización internacional del oro es demasiado alta; fácilmente se puede indicar que un gramo del mineral vale 100 dólares, entonces esta es una de las motivaciones que tienen quienes deciden dedicarse a la actividad minera.
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Pero precisamente por la masiva presencia de este sector y la fuerza organizativa que tiene, además del manejo de grandes cantidades de capital, es que el Gobierno perdió el control sobre las cooperativas y la explotación del mineral.
Este hecho, mencionó Córdova, se puede ver en que el sector que explota oro establece sus reglas; son las únicas que pueden decir qué impuesto pagan al Estado y este les acepta. Por ejemplo, dijo que en 2022 se exportaron 3.073 millones de dólares por el oro y el aporte del sector fue solo de 63 millones de dólares al Estado; el resto “se quedó en los bolsillos de estas personas”.
“El Estado ya perdió el control, pero, además, el Estado ve mellada su gestión, su integridad, su imagen y su economía”, dijo a Visión 360 el experto. Agregó que a esta situación hay que sumarle que la subvención de combustibles que reciben los cooperativistas está por los 500 millones de dólares al año.
“Es una situación muy complicada; yo creo que el Estado pierde en varios frentes por esta situación”, indicó Córdova.
Este criterio también fue compartido por Durán, quien aseguró que la pérdida de control del Estado obedece al masivo crecimiento de las cooperativas, que son de diferente tipo, como las auríferas y las tradicionales. “Han ido creciendo en tal magnitud que ahora ni siquiera se sabe cuántas cooperativas mineras existen”, dijo.
Explicó que la pérdida de control está también asociada a la explotación misma del mineral, porque hay sectores en los que comenzaron a trabajar las cooperativas sin tener un contrato administrativo y la autoridad no tiene la capacidad para efectuar los operativos en esos lugares, aglutinar un número determinado de policías, llevar vehículos y ejercer autoridad.
Durán manifestó que mucho se habla de ilegalidad sin tomar en cuenta que la Carta Magna reconoce a empresas estatales, privadas y cooperativas, por lo que antes de solicitar un contrato ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), hay que contar con personería jurídica.
Posteriormente hay que cumplir una serie de pasos que en teoría son cortos, pero en la realidad se van dilatando mucho tiempo. La AJAM, según Durán, tiene trámites de antes de 2013 y la Ley Minera data de 2014; por tanto, son trámites con normas anteriores.
“Es tan burocrática la solicitud de un contrato administrativo minero, lo hacen tan burocrático, que tarda demasiado, tarda cuatro, cinco, seis años en otorgarte un derecho minero”, refirió Durán.
A esto se suma que la autoridad da lineamientos institucionales, lo que significa que pide requisitos que no establece la ley.
Por tanto, en criterio del asesor legal de Fecoman es esta situación la que origina que se produzca la minería ilegal, debido a que la gente necesita trabajar y subsistir, y comienza a ingresar a las áreas mientras sigue su trámite.
Otra forma en la que se da la ilegalidad, según Córdova, por ejemplo, se encuentra en la contratación ilegal de personal. Por ejemplo, dijo que un estudio efectuado en el Cerro Rico estableció que por las cotizaciones elevadas los cooperativistas contrataban a otras personas “que se sacrifiquen por ellos”; recibían el nombre de “segundas”, ilegalmente ellos entraban al Cerro y los cooperativistas esperaban afuera para pagarles en efectivo y con mineral; a su vez estos contrataban a otras personas, conocidas como “terceras”, para que hicieran el trabajo.
Esta situación violaba el principio de una cooperativa y también los derechos laborales porque se trataba de personas subempleadas sin el reconocimiento de derechos laborales.
En el caso de las cooperativas auríferas, mencionó que también se dio la figura de empresas, porque en muchos casos los socios se convirtieron en dueños; contratan empleados, cubren la inversión, y en otros casos las nacientes cooperativas se han asociado con personas que les dan equipos y maquinarias a cambio del 70% u 80% de la producción.
Entonces, dijo que todas estas cooperativas ya funcionan como empresas, ya no son cooperativas, y, por tanto, habría que hacer un sinceramiento de esta situación para que paguen la regalía correcta y paguen el impuesto también.
“La guerra del oro”
Este panorama se ve agravado por los enfrentamientos entre cooperativistas que ocurren desde hace mucho tiempo, debido a la ocupación de predios muchas veces libres; pero otras que ya cuentan con un propietario o concesionario.
De acuerdo con un relevamiento de información, en el último tiempo al menos cuatro hechos violentos con muertos, heridos y detenidos sucedieron en el país, en particular en el departamento de La Paz, que aglutina a la mayor cantidad de cooperativas mineras que se dedican a la explotación del oro.
El 3 de abril de este año, un violento ataque se suscitó en el cantón Yani, en el municipio de Sorata de La Paz. El hecho se saldó con seis personas fallecidas y un número indeterminado de heridos. Según la investigación de la Policía, se trató de una explosión de magnitud. Los testigos relataron que los miembros de la cooperativa Señor de Mayo atacaron a los de la cooperativa Hijos de Ingenio.
El 29 de enero de este año, se informó de más de 20 heridos y 12 aprehendidos fruto de un violento enfrentamiento entre cooperativistas mineros en el municipio de Caiza D, en el departamento de Potosí. Las investigaciones establecieron que un grupo de mineros intentaban ingresar a una mina en el sector de la cooperativa minera 1 de Julio con explosivos como dinamita y cápsulas. Los pobladores de la zona afirmaron que estas personas pretendían avasallar la mina.
El 26 de julio de 2024, policías que desarrollaban un operativo para verificar asentamientos ilegales en la comunidad Yani, que afectaban a la cooperativa Señor de Mayo, fueron atacados por un grupo de mineros, quienes para evitar la inspección incendiaron pastizales.
Fruto de este hecho, dos efectivos policiales resultaron heridos, con graves quemaduras en sus cuerpos, posteriormente fallecieron. En este caso, hay dos personas detenidas.
Otro hecho sucedió el 17 de mayo de 2024, en el municipio de Guanay, en La Paz, donde los socios de las cooperativas mineras auríferas Primero de Mayo y Gran Poder se enfrentaron cerca del río Tipuani. El resultado fue una persona fallecida y dos heridas. El enfrentamiento se dio a raíz del respeto que ambas piden por sus cuadrículas de trabajo, para la explotación de oro en la zona.
Para la asambleísta de Potosí, Azucena Fuertes, esta violencia responde a la ausencia del Estado en la actividad minera. Recordó que antes los mineros morían por inhalación de gas, derrumbes, entre otros; pero ahora fallecen porque se aplican acciones por mano propia.
Según la senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana (CC), esta violencia no es ni excepcional ni casual, porque tiene antecedentes de hace mucho tiempo. Explicó que se trata de “personas que se apropian de fuentes de agua, las destruyen, las contaminan, destruyen lugares de cultivo, porque quieren abrir sus caminos ilegales, y a menudo son mineros que tienen dinamita y que se enfrentan normalmente a mujeres campesinas que están defendiendo el agua y los cultivos”.
Sector alega pago de regalías; experto dice que es mínimo
La actividad minera en el país paga regalías y patentes, pero aún no cancela un impuesto como tal. Este tema es parte de un debate, que cuenta con respaldo como también con aquellos que se oponen.
De acuerdo con el Decreto Supremo 29577 del 21 de mayo de 2008, la base de cálculo de la regalía minera es el valor bruto de venta consignado en la factura comercial. Una vez que se tiene ese monto, este se distribuye en un 85% para los gobiernos departamentales y 15% para los municipales.
Según Édgar Durán, asesor legal de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), al margen de la regalía, la actividad minera paga la patente minera que es anual y otras más como, por ejemplo, la patente de uso de suelo que es marcada por los gobiernos municipales.
“Hay un criterio fácil de decir que no pagan impuestos, pero pagan otros más; además, tienen su NIT y van cargando y descargando el impuesto”, señaló el jurista.
Durán recordó que el sector minero solicitó hace ya un buen tiempo que haya un impuesto único, es decir, que cuando un comerciante paga sus impuestos le van cobrando en diferentes formularios. Al crear un impuesto único es una sola transferencia, de golpe harían el descuento del total, para que tampoco tenga que realizar balances anuales.
En su oportunidad se planteó que este impuesto único sea de 4,8%.
“No hay que olvidar que son gente del campo, y a veces tiene dificultades para venir hasta la ciudad, buscar un contador, que saque los descuentos mensuales, los balances anuales. Eso genera un conflicto y no es que no quieran cancelar”, mencionó Durán.
En criterio del analista en minería de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, la regalía es mínima, casi “vergonzosa”, por lo que consideró que tendría que haber un diálogo muy abierto entre las cooperativas, el Gobierno y la sociedad, para que entre todos se vea por dónde ir, en materia de impuestos mineros.
Según el Boletín Informativo N° 11 del Ministerio de Minería y Metalurgia, en 2020 la regalía minera generada por el sector de la minería cooperativista fue de 333.077.746 bolivianos mientras que el total de regalías mineras alcanzó los 905.511.152 bolivianos.
El número de cooperativas mineras en el país a 2021 suma 2.388 con un total de 135.436 socios, según el ministerio del sector, que tiene datos hasta ese año.
Daño ambiental “brutal” e “irreversible”, la factura
El daño que ocasiona la minería aurífera al medio ambiente es “brutal” y en muchos casos es “irreversible”, coinciden la senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana (CC), y la asambleísta Azucena Fuertes, de Potosí.
Requena explicó que la minería del oro es muy “destructiva” porque afecta vertientes, que muchas veces son fuente de agua para las poblaciones. Así también contamina con mercurio los ríos, elemento que se metaboliza en el cuerpo y la gente comienza a ser envenenada e intoxicada.
La senadora recordó el caso de Minamata, que se trata de una fábrica de productos químicos de la ciudad costera de Minamata, en Japón, que entre 1932 y 1968, arrojaba a la bahía local líquidos que contenían altas concentraciones de mercurio. La sustancia química se acumuló en el pescado que comían durante decenas de años. En 1956 se registró el primer caso humano de lo que se llamaría la enfermedad de Minamata, y a lo largo de las décadas siguientes, miles de personas más padecieron daños cerebrales y parálisis, entre otros.
“Eso es lo que le estamos haciendo a los pueblos indígenas, particularmente de tierras bajas, pero también a las comunidades ribereñas y a cualquier persona en los otros lugares del país que come pescado”, aseguró la legisladora.
Indicó que el uso de este elemento químico en la minería también está causando daños a la infraestructura pública, como los caminos, debido a que la tierra removida de las montañas —en grandes cantidades— es arrojada a los ríos. “Por ejemplo, Guanay está bajo agua, lo que ha destruido infraestructura que le ha costado dinero al país”, agregó.
La legisladora dijo que, si bien existe la licencia ambiental que es un requisito que todo proyecto minero debe tramitar, este se incumple porque en la mayoría de los casos no se llega ni siquiera al contrato, y los pocos que cuentan con este documento no son sometidos a control porque se encuentran en lugares remotos donde las autoridades no llegan.
“Es un chiste, el Estado está en completo descontrol y lo que sí hace el Estado es entregar inicios de trámite; ha cuadriculado todo el territorio y eso sí hace”, aseguró Requena.
Para la asambleísta Fuertes, los daños de la minería al medio ambiente son “irreparables” porque “no hay minería sostenible”, a lo que se suma que las normas en este ámbito en el país son “laxas”, no obligan a una mitigación ambiental.
Por tanto, dijo que se permite la contaminación de aguas, de personas, de producción agrícola y pecuaria. “En este momento, si el Ministerio de Salud empezaría a realizar los estudios de los contenidos de metales pesados y de mercurio en la sangre de las personas que están cerca de las zonas de producción aurífera, seguramente encontraría altos niveles de contaminación”, agregó.
Manifestó que lo más “escandaloso” que está sucediendo, al menos en la parte del Occidente de Bolivia, es el deterioro del Cerro Rico, operaciones mineras cerca de las lagunas del Kari Kari cuyas aguas son para consumo humano y lo último, el desastre ambiental de Kenko en Andavilque, distrito de Catavi, del municipio de Llallagua. “Allá es una película de terror, se puede ver cómo la masa ploma cargada de pasivos ambientales está destruyendo todo a su paso”, dijo a Visión 360.
Tienen poder político en el Ejecutivo y en el Legislativo
Las cooperativas mineras pasaron del poder económico, ya que manejan grandes cantidades de capital, a ejercer el poder político, debido a que se codean con los gobiernos de turno y además imponen sus intereses.
El analista en temas mineros de la fundación Jubileo, Héctor Córdova, aseguró que las cooperativas “de hecho ya son un factor de poder”, lo que se puede evidenciar en que pueden determinar qué impuesto pagar, además, sus representantes forman parte de los gobiernos.
En la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se puede advertir la presencia de cooperativistas que ocupan cargos como diputados o senadores, quienes llegaron a esos puestos a través de listas de partidos políticos, en este caso, del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Según Córdova, durante los gobiernos de los entonces presidentes Evo Morales y Jeanine Añez, como también del actual presidente Luis Arce, la cartera de Minería fue y es liderada por un cooperativista, en gran parte de las gestiones.
A lo que se suma que las secretarías de Minas y otras instancias del sector están controladas por mineros del sector cooperativo. “El poder político que tienen es ya muy grande”, señaló.
Su fuerza y poderío también se expresan en las calles con movilizaciones, paros y bloqueos porque quedó demostrado que paralizan el país, cuando sus intereses se ven afectados.
El 1 de mayo de 2023, Arce solicitó el apoyo de los mineros cooperativistas para que influyeran sobre sus asambleístas y agilizaran la aprobación de leyes. “Hay una serie de normas fundamentales que están esperando ser aprobadas en la Asamblea Legislativa. Les pedimos que puedan influir sobre sus asambleístas para que agilicen estas leyes con las que podremos resolver muchos de los problemas que enfrenta el pueblo boliviano”, dijo.
Esto prueba que también los gobiernos se apoyan en este sector, cuyo crecimiento es acelerado, el cual se benefició con sedes, vehículos y sobre todo normas a su favor durante los últimos 20 años.
La asambleísta Azucena Fuertes, de Potosí, dijo que no se encuentran, por ejemplo, en la Secretaría de Minería de su región, técnicos entendidos en el área, sino como es una cuota del sector minero, solo existe ese personal. “Definitivamente, si son ellos quienes deben hacer cumplir las normas, no lo harán. Van a manipular todo a su antojo. Y eso sucede porque el Gobierno lo permite”, aseguró.
“El Estado ya perdió el control, pero, además, el Estado ve mellada su gestión, su integridad, su imagen y su economía”.
HÉCTOR CÓRDOVA, ANALISTA“El Estado está en completo descontrol y lo que sí hace el Estado es entregar, digamos, inicios de trámite, ha cuadriculado todo el territorio”.
CECILIA REQUENA, SENADORA DE CC