«La investigación va a alcanzar a todos los niveles y grados se responsabilidad de este hecho, es decir, a quienes autorizaron el transporte», anunció el fiscal de Potosí, Gonzalo Aparicio.
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El incendio del bus escolar en el que murieron cinco estudiantes en la comunidad de Lagunillas, en Uncía, ha consternado al norte del departamento de Potosí y a una gran parte del país. Mientras las investigaciones avanzan la molestia de las familias de las victimas crece.
Según los primeros datos de las pesquisas, el incendio se generó luego de la explosión de una garrafa de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que el chofer usaba para hacer funcionar su vehículo.
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Así lo ha revelado el fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, quien confirmó que el siniestro dejó como saldo cinco estudiantes fallecidos y ocho heridos, la mayoría de gravedad.
«Entendemos a partir de los primeros elementos que han surgido de esta investigación que este hecho se habría producido a raíz de la explosión de una garrafa de GLP con la cual funcionaba este vehículo motorizado», señaló en una entrevista con el programa Que no me pierda de la red UNO.
«Además, al interior de este vehículo se han encontrado tres garrafas más. Producto de esta explosión los cuerpos han quedado absolutamente calcinados y las quemaduras de los otros menores, tal cual lo refería el doctor, son quemaduras de segundo y tercer grado», añadió.
En ese contexto, el fiscal anunció que no solo el chofer del motorizado, que ya está aprehendido, será investigado, sino además las personas que autorizaron que un vehículo con estas características funcione como bus escolar.
«La investigación va a alcanzar, y eso lo decimos con absoluta claridad, a todos los niveles y grados se responsabilidad que existan emergentes de este hecho, es decir, a quienes autorizaron en estas condiciones para el transporte de estudiantes de una unidad educativa», anunció el fiscal.
En ese contexto, se cuestionó: «¿Cómo es que ha pasado los conductos de revisión y evaluación de las diferentes instancias?».
«Esperemos que esta sanción que va a solicitar el Ministerio Público sea ejemplificadora para todos los conductores que tengan motorizados en estas condiciones», dijo.
Asimismo, consideró que «es importante un llamado para las instancias competentes encargadas de realizar y verificar este tipo de conexiones irregulares que, por su puesto, generan un grave riesgo en la integridad y la vida de las personas».
«Esta responsabilidad penal va a alcanzar a todos los niveles que tengan algún grado de participación en este hecho», remarcó.
El director del hospital de Llallagua, Juan José Serrudo, indicó que «los pacientes más graves han sido referidos a Oruro y Sucre».
El caso
El fiscal preciso que «el hecho ha sido calificado como incendio y posterior explosión de un vehículo motorizado» que es «aparentemente indocumentado».
«Ese es otro dato que surge de los primeros elementos colectados, el cual era utilizado como un bus de transporte escolar de la unidad educativa de Lagunillas de este municipio de Uncía», indicó.
Explicó que «en el interior de este motorizado se encontraban 13 estudiantes de la unidad educativa que estaban esperando ser trasladadas a sus diferentes comunidades», pero no llegaron debido a la tragedia.
Aparicio dijo que debido al siniestro se tuvo que «lamentar el deceso de cinco menores y adolescentes que oscilan entre los 10 y los 17 años de edad».
«Y otros ocho estudiantes que resultaron heridos, que han sido derivados al hospital Madre Obrera del municipio de Llallagua y otros centros de salud para la atención inmediata», precisó.
El equipo de fiscales, el médico forense y el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) ejecutaron «el levantamiento legal del cadáver» y «el reconocimiento además por parte de los familiares de estos menores fallecidos».
Aparicio confirmó que «es una conexión absolutamente irregular de donde surge, por supuesto, la responsabilidad penal del imputado, del conductor del motorizado, que a la fecha se encuentra aprehendido y será puesto a disposición de una autoridad jurisdiccional».
«Es importante recalcar que más allá de que se trate de un hecho culposo de acuerdo a lo establecido en nuestra norma penal sustantiva, sin embargo, es un mandato específico de nuestro fiscal general del Estado la protección a los sectores vulnerables, en este caso estamos lamentando el fallecimiento de cinco menores de edad y otros ocho que se encuentran con graves heridas y este hecho va a ser, por supuesto, investigado a profundidad y se van a establecer todas las responsabilidades que correspondan», sostuvo.