Observan demora en investigación; hay denuncias que siguen en la fase preliminar
DENUNCIA. El presidente del Consejo, Manuel Baptista, este martes en el salón del TSJ. Foto: Correo del Sur“Superusuarios” tenían acceso al sistema informático de Derechos Reales del Órgano Judicial, lo cual les permitía realizar inscripciones de derechos de propiedad sin orden judicial.
Así lo reveló este martes el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, tras ser consultado sobre el avance de la investigación de las denuncias en Santa Cruz y Beni.
Estas denuncias tienen que ser esclarecidas en la investigación penal y establecer la sanción, en caso de confirmarse los hechos de corrupción, dijo Baptista.
La autoridad recordó que la semana pasada, el Ministerio Público allanó las oficinas de la Dirección Nacional de Derechos Reales, en Sucre, dentro de este caso, denunciado en 2024.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Evidentemente habría unos usuarios o superusuarios, pero lo que no se ha dicho es que no era uno solo, sino varios; seguramente esto lo va a esclarecer la investigación y va a establecer quiénes eran los superusuarios para identificarlos y darles la sanción correspondiente en caso de que hayan manipulado el sistema”, afirmó.
CANDADOS INFORMÁTICOS
Ante la situación de inseguridad jurídica en el sistema informático, Baptista indicó que el Consejo implementa mecanismos para evitar que estos ahora exusuarios sigan teniendo acceso extraordinario para inscribir una propiedad sin una orden judicial.
“Hemos puesto ‘candados informáticos’ y esto lo ha decidido Sala Plena para evitar de esto siga sucediendo. No obstante ello, es una investigación amplia”, precisó.
Explicó que los “candados” son herramientas informáticas a través de las cuales toda modificación en el sistema tiene que pasar por la Dirección Nacional de Derechos Reales.
DEMORA EN INVESTIGACIÓN
El Presidente del Consejo de la Magistratura informó que el Ministerio Público inició una investigación penal en las oficinas de Derechos Reales de Santa Cruz y Beni contra al menos diez funcionarios, de los que tres del primero de esos departamentos fueron enviados con detención preventiva y luego recobraron su libertad.
Observó lentitud en la investigación porque hay denuncias del año pasado que siguen en la fase preliminar y debían definirse en un plazo de 20 días. Después de casi seis meses, siguen sin resolverse.
APREHENSIONES
Dentro de las denuncias presentadas por el Consejo de la Magistratura en enero de este año, se procedió a la aprehensión de diez personas. Tres funcionarios de Derechos Reales en Santa Cruz guardaron detención preventiva y luego fueron liberados.