La reportera de televisión y su camarógrafo sufrieron agresiones en la movilización por la crisis de la basura en Cochabamba.
Asociaciones de prensa del país exigen a las autoridades detener y procesar a las personas que ultrajaron a una periodista y su camarógrafo en uno de los puntos de bloqueo instalados en la zona de Cotapachi, durante el conflicto de la basura en Cochabamba.
«La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz expresamos nuestro más enérgico repudio ante el brutal ataque perpetrado contra la periodista Paola Cadima y el camarógrafo Juan Rodo Adrián, del equipo móvil de la red Unitel, durante una cobertura informativa realizada el lunes 5 de mayo en la zona de Cotapachi, municipio de Quillacollo, en el contexto del conflicto por el traslado de residuos sólidos», detalla el pronunciamiento de las instituciones.
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Los vejámenes a los que la reportera y el camarógrafo fueron sometidos ocurrieron el lunes, cuando Cadima cumplía con su labor y agredida por un «grupo de choque que actuó con saña, brutalidad y con una clara intención de intimidarla y silenciarla», según la ANPB.
«A pesar de haberse identificado como periodista, Cadima fue golpeada, tocada en sus partes íntimas, despojada de sus equipos de trabajo y sufrió un desmayo producto de la agresión», comunicó la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que detalló que Juan Rodo Adrián también sufrió lesiones en diversas partes del cuerpo.
Clamor de socorro y violencia sexual
Mientras intentaba proteger a dos mujeres que clamaban por ayuda en quechua, la periodista no sólo fue golpeada, sino que también fue objeto de violencia sexual, denunció la asociación.
«Su testimonio valiente, conmovedor y profundamente revelador expone no sólo la barbarie de los hechos, sino también la indiferencia con la que se sigue permitiendo la violencia de género en el ejercicio del periodismo», se lee en el documento.
A la luz de estos hechos, la ANPB demanda el cumplimiento de recomendaciones de misiones especiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado boliviano, sobre la urgente adopción de medidas de protección para periodistas y la aplicación de políticas públicas que garanticen que este tipo de hechos no se repitan.
«La impunidad envía un mensaje devastador a toda la sociedad: que es posible silenciar con violencia, que se puede castigar la voz informada y que la verdad puede ser acallada por el miedo. Eso es inaceptable, la violencia no puede ser el precio por informar», sostuvo la institución.