RECURSO. – La Cámara de Empresas Consultoras y Auditoras (CAECO) presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 5327, que altera condiciones de compensación del IUE, afectando la planificación financiera empresarial.
Fuente: El Mundo
El presidente de la Cámara de Empresas Consultoras y Auditoras de Bolivia (CAECO), Lorenzo Dávalos, informó que su institución presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta contra el Decreto Supremo 5327, emitido el 5 de febrero de 2025. Este decreto, según CAECO, vulnera principios fundamentales como el de reserva de ley, jerarquía normativa y la irretroactividad, al modificar por vía reglamentaria beneficios establecidos en la Ley 843 del régimen tributario.
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EL CAMBIO QUE GENERA INCERTIDUMBRE
¿Qué modifica el decreto 5327? El cuestionado decreto altera el plazo para aplicar la compensación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) mediante el “libro de compras”. Antes, la norma permitía usar ese crédito fiscal hasta su agotamiento; sin embargo, ahora establece que sólo se podrá aplicar si el impuesto fue pagado hasta el vencimiento (30 de abril). Esto reduce el margen de planificación tributaria y genera una presión adicional en un contexto de baja liquidez.
EMPRESAS EN RIESGO Y AUMENTO DE INFORMALIDAD
Dávalos advirtió que la medida está afectando gravemente a empresas que ya operan con dificultades. “Muchas están cerrando, paralizando operaciones o migrando a la informalidad”, señaló. También explicó que, pese al discurso oficial de récords en recaudación, la presión fiscal está alcanzando niveles insostenibles para el sector formal.
CAECO respalda su acción legal con un informe técnico elaborado por su Comisión Tributaria, donde detalla el impacto negativo sobre la economía formal. Entre los efectos destacan la pérdida de beneficios tributarios, el desequilibrio en flujos de efectivo y la incertidumbre normativa.
LEY 843: OBSOLETA PARA LA ECONOMÍA ACTUAL
Dávalos enfatizó que la Ley 843, vigente desde 1986, no responde a las condiciones de la economía actual ni a la globalización. Criticó la proliferación de decretos que, sin pasar por el Legislativo, modifican sustancialmente el sistema tributario, debilitando a los generadores de empleo y fomentando la informalidad.
CAECO plantea la necesidad de una reforma estructural del régimen tributario, con incentivos reales para las empresas formales, en lugar de medidas que —en su opinión— solo asfixian a quienes aún sostienen la economía nacional.
La acción presentada por CAECO abre un debate necesario sobre la seguridad jurídica y el equilibrio fiscal en Bolivia. Mientras tanto, el sector empresarial aguarda que el Tribunal Constitucional Plurinacional admita y analice el recurso, en un momento clave para la estabilidad económica del país.