Imputados fueron destituidos y luego salieron de la cárcel. El Consejo de la Magistratura ve dilación en los procesos penales de este caso perpetrado en las oficinas de Derechos Reales (DDRR) de Santa Cruz y Beni
SUCRE. El Ministerio Público procedió al allanamiento de las oficinas de la DGAF, en abril. Foto: Correo del SurEl Consejo de la Magistratura observó como “un tanto dilatorios” los procesos penales en contra de registradores y funcionarios por el desfalco millonario en Derechos Reales (DDRR) de Santa Cruz y Beni, proceso que continúa en la etapa preparatoria de investigación y, siete meses después, sin acusados.
El presidente de esta institución, Manuel Baptista, informó a CORREO DEL SUR que un registrador y tres funcionarios de DDRR en Santa Cruz fueron destituidos.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“El Consejo de la Magistratura se apersonó en el proceso penal en calidad de denunciante y querellante, los denunciados impugnaron nuestra querella porque no nos consideran como víctima y estos procesos se tornan un tanto dilatorios”, dijo.
La denuncia de supuesta manipulación informática para alterar y suprimir gravámenes de inmuebles data de septiembre de 2024.
El pasado 30 de enero, un registrador y tres inscriptoras de las oficinas de DDRR de Santa Cruz fueron aprehendidos tras presentarse a declarar en calidad de denunciados por el supuesto desvío de Bs 2 millones, según afirmó en esa ocasión el fiscal departamental, Alberto Zeballos.
NO HAY ACUSACIÓN
Los procesos penales contra registradores y funcionarios de DDRR en Santa Cruz y Beni continúan en la etapa preparatoria de investigación y aún no hay acusación del Ministerio Público, que amplió los plazos procesales porque hay otros involucrados como un subrregistador.
Los denunciados apelaron a recursos constitucionales para salir de la cárcel y los jueces sancionaron a la representación del Consejo por haber impulsado este proceso.
DESTITUIDOS
“El registrador de Derechos Reales ha sido destituido y los funcionarios administrativos involucrados en esta repartición también fueron retirados de la institución”, dijo Baptista a este diario.
“Pedimos a las autoridades del Ministerio Público que nos acompañen para que tengamos resultados visibles para la población. Si el funcionario de Derechos Reales es inocente, hay que liberarlo; pero si es culpable, hay que sancionarlo para que ningún otro funcionario se atreva a cometer este tipo de delitos”, remarcó.
ALLANAMIENTOS
El primer allanamiento por delitos de manipulación informática data del 26 de septiembre de 2024; ocurrió en Santa Cruz, tras una denuncia del Consejo de la Magistratura. El último se hizo a las oficinas centrales de Derechos Reales en Sucre y las unidades de informática en la central del Consejo, también en la capital.