Un juez ordenó que Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el Ministerio de Hidrocarburos suspendan cualquier acción administrativa o ejecución de obras relacionadas a los convenios que firmaron con Uranium y CBC en Uyuni.
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La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Lisa Claros denunció que las empresas Uranium One de Rusia y CBC de China ya ejecutan pruebas en el salar de Uyuni que dejaron daños en las comunidades por el consumo de agua.
«En este momento, la empresa china seguía operando con pruebas piloto, y solo por estas operaciones ya se presentaban problemas de agua en más de 50 comunidades alrededor del Salar de Uyuni», denunció.
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La legisladora indicó que un juez del municipio de Colcha K, en el departamento de Potosí, ordenó la paralización del tratamiento en el Legislativo de los contratos de explotación de litio suscritos entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con las citadas empresas.
Explicó que el fallo surge ante una acción popular interpuesta por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez, que rechaza las pruebas piloto que supuestamente se ejecutan en el lugar.
«Se realizó una audiencia cautelar donde se ordena que se paralice el tratamiento de los contratos; asimismo, se paraliza toda acción administrativa y toda acción que se pueda realizar en el Salar de Uyuni», señaló Claros.
El juez Edson Villarroel Herrera concedió la tutela a los campesinos de Nor Lípez, Potosí, para que Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el Ministerio de Hidrocarburos suspendan cualquier acción administrativa o ejecución de obras relacionadas a los convenios que firmaron con Uranium One Group y Hong Kong CBC para la explotación de litio en el Salar de Uyuni.
«Disponer que Yacimientos de Litio Bolivianos y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías se abstengan de nuevas acciones administrativas y/o ejecución de obras a objeto de la presente acción popular hasta que se pueda garantizar el cumplimiento de las normas de protección de los derechos humanos, ambientales y de la naturaleza en específico la realización de un estudio integral de impacto socioambiental demandados en la acción popular», leyó la resolución el juez Villarroel, cita ANF.