La denuncia sería por tráfico de influencias, asociación delictuosa de funcionarios públicos y desobediencia a un Decreto Supremo y podría alcanzar al primer mandatario, “Que no me vengan a decir que el presidente no lo sabía”, afirmó Salazar. En diciembre de 2024 el presidente Arce cuestionado por acusaciones contra sus hijos, respondió sobre su familia: “no somos corruptos”.
Foto: El Deber.
Fuente: eju.tv/con datos de Opinión, El Deber
La diputada María José Salazar de Comunidad Ciudadana (CC) y otros legisladores se constituirían en parte denunciante ante el Ministerio Público para que éste investigue a Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo menor del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, por tráfico de influencias, asociación delictuosa de funcionarios públicos para favorecerlo y desobediencia al Decreto Supremo N° 5225 del 11 de septiembre de 2024 que establecía una «pausa ambiental ecológica» en Bolivia para evitar incendios y proteger el medio ambiente, la salud, la biodiversidad y las actividades de la población. En diciembre de 2023, el presidente Arce defendió a su familia afirmando: «no somos corruptos».
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Este anuncio forma parte de un reportaje realizado por Connectas.org y difundido por la agencia de noticias ANF, titulado “Las tierras del hijo del presidente Luis Arce”, esa investigación periodística señala que Rafael Arce a sus 25 años de edad compró la propiedad “Adán y Eva” por USD 3,3 millones, “ubicada en un lugar privilegiado de Santa Cruz, el departamento más extenso y productivo de Bolivia” y considerada un “paraíso terrenal”.
“Esta transacción se concretó en 2021, un año y medio después de que Rafael Ernesto Arce Mosqueira dejara de ser funcionario público. Desde entonces se ha acelerado la conversión de este paraíso terrenal en cultivos extensivos de maíz y soya, pese a pertenecer a una zona de bosque de conservación y uso sostenible de la tierra”, precisa.
Otro hecho denunciado es cómo el hijo del presidente también obtuvo, “mediante un trámite exprés, luz verde de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), a cargo de su director nacional, Luis Roberto Flores, para ampliar los desmontes a casi mil hectáreas. Las imágenes satelitales desvelan que entre 2022 y 2024 ya desaparecieron 479,46 hectáreas de bosque”.
En tercer lugar, señala que “en las tierras del hijo del presidente tampoco se cumplió un decreto del mandatario boliviano que ordenó una pausa ambiental ecológica en 2024 en todo el país, debido a la emergencia por los incendios forestales. ´Adán y Eva´ registró incendios durante un mes (entre septiembre y octubre), después de la promulgación del Decreto Supremo 5225 que prohibió las quemas en todo el territorio nacional”. “Esta medida suspende las autorizaciones de quemas y prohíbe su emisión por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT”, complementa el informe.
Investigar al hijo y al padre
Los autores de ese reportaje consultaron el tema de su investigación a la diputada Salazar quien fue parte de la Comisión de Desarrollo Productivo, Económico y Medio Ambiente, ella sostuvo al respecto que el hecho denunciado “no debe continuar así” y que “más allá de los delitos ambientales graves por desobedecer un decreto presidencial en plena emergencia por los incendios y de destruir un bosque de protección, el caso de “Adán y Eva” expone una trama de tráfico de influencias y asociación delictuosa de funcionarios públicos para favorecer a una persona”.
Para Salazar, “no sólo Rafael debe rendir cuentas ante la justicia; también deben hacerlo el presidente de Bolivia y los funcionarios públicos que doblegaron las leyes al servicio de quienes ostentan el poder”.
La legisladora insistió en que “se debe poner especial atención e investigar no solo la relación entre el director de la ABT y Rafael, sino con el mismo Luis Arce”. “Que no me vengan a decir que el presidente no lo sabía”, añadió.
“En las últimas décadas se ha venido destruyendo sistemáticamente la institucionalidad pública” Exviceministro Alejandro Almaraz “Bolivia se ha convertido en un Estado fallido, como consecuencia de que en las últimas décadas se ha venido destruyendo sistemáticamente la institucionalidad pública”, concluye el exviceministro de Desarrollo Rural y Tierras, Alejandro Almaraz. Para él, lo poco que se había construido como Estado de Derecho, incluidos los logros que se produjeron en materia agraria, se ha perdido y, por el contrario, se ha establecido una impunidad general para “el manejo clientelar del Estado y de sus instituciones”.
También el exviceministro Alejandro Almaraz considera que el caso “amerita una investigación que ponga bajo la lupa la relación no solo entre el director de la ABT y el ahora propietario del predio, sino con el mismo Luis Arce”.
Para las fuentes consultadas en este reportaje lo que tenían que haber hecho el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que está a cargo de su director ejecutivo, Eulogio Núñez, y la ABT es hacer respetar lo establecido por el Plan de Uso de Suelo de que el enclave donde está este predio corresponde a la categoría de suelo de uso restringido para monocultivos. Y según expertos referidos en el artículo “el 30 % del suelo debería tener cultivos y el resto tendría que mantenerse como bosque de conservación”.
“No somos corruptos”
“Mis hijos y mi familia no somos corruptos”, afirmó el 23 de diciembre de 2024 el presidente Arce en una conferencia, cuando una periodista le preguntó sobre denuncias en contra de otro de sus hijos, Marcelo Arce Mosqueira, en sentido de que se estaría beneficiando a través del Estado en el negocio de la explotación del litio de Potosí.
Fue la primera vez que el presidente habló sobre esas denuncias. “Mis hijos y mi familia no somos corruptos”, dijo al lamentar que se involucre a sus hijos en un asunto que, atribuyó a motivaciones políticas. “Lamento mucho que se haya metido a la familia en esto, pero yo tambin he sido claro con mis hijos: hay que someterse a la justicia, hay que someterse a las leyes”, complementó.
Sobre el caso específico de su hijo Marcelo, dijo que las denuncias formales están siendo tratadas en los estrados judiciales correspondientes y expresó su confianza en que demostrarán su inocencia. “Nosotros tenemos la verdad, nos defendemos. Quien tiene la verdad no debe temer ir a la justicia a decirla y demostrarla”, agregó.
Arce vinculó las denuncias a intenciones de dañar su imagen y la de su gobierno. “Algunos ya me ven como candidato y por eso vienen los ataques, desgastar la figura del presidente, desgastar la figura del gobierno”.