Es necesario que se lleve adelante un proceso investigativo/judicial con todas las garantías de transparencia, imparcialidad y sin injerencia del poder Ejecutivo, evitando, además, la politización del caso por la coyuntura electoral, demanda la mencionada fundación.
Cuadros: CONNECTAS
Fuente: eju.tv
“El país espera respuestas de las partes e instituciones involucradas, además del Poder Ejecutivo en general”, señaló hoy en un pronunciamiento institucional la Fundación Tierra al referirse a un reportaje realizado por una alianza de medios internacionales liderada por CONNECTAS en el cual se revela que Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo menor del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, con apenas 25 años de edad compró en 2021, en un lugar privilegiado de Santa Cruz la propiedad “Adán y Eva” por USD 3,3 millones, pero además se procedió al desmonte de un considerado “paraíso terrenal” para cultivos extensivos de maíz y soya, pese a pertenecer a una zona de bosque de conservación y uso sostenible de la tierra.
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Esta transacción en un lugar privilegiado de Santa Cruz, el departamento más extenso y productivo de Bolivia, se concretó en 2021, un año y medio después de que el hijo del presidente dejara de ser funcionario público, cita el mencionado reportaje.
Investigación sin injerencia del gobierno, ni electoralización
La Fundación Tierra también pide “se realice una investigación sin injerencia política puesto que, al tratarse de un caso con posibles conflictos de interés de alto perfil, es necesario que se lleve adelante dentro de un proceso investigativo/judicial con todas las garantías de transparencia, imparcialidad y sin injerencia del poder Ejecutivo, evitando, además, la politización del caso por la coyuntura electoral”.
“Un pronunciamiento oficial en este sentido sería una señal política de suma importancia para Bolivia”, añade en referencia a que las instituciones involucradas no interfieran ni la investigación, ni la electoralicen.
Para esa fundación, la investigación es pertinente en el marco del respeto al Estado de Derecho y considerando la urgente necesidad de luchar contra los delitos agroambientales.
No es el único caso
Pero además señala que el caso del predio “Adán y Eva” debe ser el inicio de un proceso amplio de investigación y fiscalización nacional de las irregularidades y delitos agroambientales que están por detrás de las autorizaciones de asentamientos en tierras y bosques protegidos, titulaciones de predios empresariales con derechos de uso agrícolas que contravienen las normativas vigentes, aprobaciones de modificaciones de POP, permisos de desmontes y quemas, entre otros.
Grandes tierras, grandes inversiones
La Fundación Tierra precisa que el predio. “Adán y Eva” se encuentra entre los municipios de La Guardia y Cabezas del departamento de Santa Cruz, dentro de una zona de alto valor comercial para la expansión de monocultivos, por lo que los precios de mercado oscilan entre 2.000 y 3.500 dólares por hectárea.
“Además del valor de la transferencia, el desarrollo productivo de este tipo de propiedades requiere inversiones iguales o mayores por cada hectárea para cubrir los costos de desmonte, habilitación, siembra, uso de semillas transgénicas, agroquímicos, cosecha, almacenamiento y empleo de tecnología mecanizada”, señala el pronunciamiento al explicar que a los costos de adquisición de esas tierras, se deben añadir las inversiones para se las pueda cultivar.
Fundación Tierra, señal también que debe investigarse el cambio del uso del suelo, considerando que la propiedad está dentro de la categoría de Bosque de Conservación y Manejo sostenible.