Omar Durán asegura que el asambleísta afín a Evo Morales debe estar ‘enmanillado y ante un juez’
eju.tv / Video: DTV
El experto en seguridad Omar Durán instó al Gobierno a tomar medidas legales inmediatas contra el diputado del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), Héctor Arce, por las amenazas proferidas contra el general de la Policía Boliviana, José Illanes, porque estaría detrás de un supuesto plan para aprehender a Evo Morales. El abogado y exmilitar comparó la actitud del legislador con la de reconocidas figuras del crimen organizado, las cuales se tomaban la licencia de amenazar y atentar contra la vida de autoridades y funcionarios estatales.
El abogado refirió que la amenaza hecha por el parlamentario no solamente está dirigida a Illanes, sino contra cualquier funcionario policial que intente hacer cumplir las órdenes emanadas por las autoridades jurisdiccionales. “Al estilo de Pablo Escobar Gaviria, quien se enfrentaba al Estado (de Colombia) sin temor alguno, ponía bombas en aviones; así empiezan algunas autoridades que quieren hacer respetar su fuero, porque el capricho está por encima de cualquier cosa”, resaltó.
Foto: captura pantalla
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La pasada jornada, el asambleísta que responde a Evo Morales acusó a Illanes de conformar un grupo de élite dentro de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) con el objetivo de aprehender al exmandatario, quien enfrenta una orden de detención por el presunto delito de trata de personas con agravante, para lo cual habría negociado su ascenso a comandante general de la Policía a cambio; en la conferencia de prensa, Arce advirtió al general de Policía que conoce sus pasos y los de su familia.
“Ante este tipo de actos, la ley es clarísima, es una amenaza no solo contra una persona que es una alta autoridad, sino contra la seguridad del Estado, no se pueden permitir estas acciones; es más, otro aspecto muy importante que da a conocer el diputado es que tiene algún tipo de información, errada o no, donde a conocer algunos secretos de Estado como el tipo de helicóptero que se está utilizando y la revelación de esos secretos de Estado está penada hasta con seis años de cárcel”, aseveró.
Foto: captura pantalla
Tras las amenazas vertidas por el diputado Arce, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, condenó estas y advirtió que el fuero parlamentario no lo protege de posibles acciones legales por poner en riesgo la seguridad de los miembros de la Policía Boliviana y de sus familias; en tanto, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el exabrupto provocó el rechazo de varios de sus colegas, quienes pidieron a las autoridades competentes una investigación de oficio sobre las intimidaciones dirigidas el jefe policial.
Al respecto, el experto en temas de seguridad afirmó que, “ante la amenaza directa de un diputado, lo que tiene que hacer el general (José) Illanes es activar de manera inmediata y activar una denuncia penal contra este individuo no solamente por las amenazas, sino por su seguridad y el acoso que va a sufrir en un futuro sus hijos y su familia; puede pasar cualquier cosa producto de esta apología y esta apropiación del delito que hace Héctor Arce de una manera fuera de lugar”, reiteró.
Por ello, ratificó su pedido de activar las acciones que faculta la ley vigente en el país y recordó que la Constitución Política del Estado (CPE) faculta al gobierno constituido que en casos en los que la Policía Boliviana se vea rebasada por algún conflicto o situación, se puede apelar al uso de las Fuerzas Armadas, para imponer el estado de derecho. “Si el Estado y el ministro de Gobierno dejan pasar esas cosas (amenazas), sencillamente van a querer hacer un narcoestado en el sector del Chapare”, advirtió.
Asimismo, subrayó que el supuesto delito cometido por Arce fue cometido en flagrancia, lo que significa que, ante la denuncia que debe ser presentada ante el Ministerio Público por el amenazado, los efectivos policiales tienen 24 horas para actuar. “Si dejamos pasar esto, va a pasar lo que pasa en Sinaloa (México), lo que ha pasado en el Cártel de Cali o de Medellín (Colombia), se empieza así para que el Estado deba tener miedo de las personas que se consideran que tienen el derecho para amenazar”, enfatizó.