Gobierno garantiza elecciones y exige a Andrónico Rodríguez aprobar ley de preclusión


El pasado 15 de mayo, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que garantiza la preclusión.

La Paz.- El Gobierno nacional ratificó este domingo que las elecciones generales previstas para el 17 de agosto de este año están plenamente garantizadas, reafirmando su compromiso con el cumplimiento del calendario electoral y el derecho del pueblo boliviano a elegir a sus representantes nacionales.



El ministro de Justicia, César Siles, destacó que no existen motivos para poner en duda la realización de los comicios, y exhortó al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, a convocar de manera inmediata a sesión para viabilizar la aprobación de la Ley de Preclusión, normativa que —según afirmó— reforzaría la seguridad jurídica y política del proceso electoral.

“Como Gobierno nacional reiteramos que las elecciones están garantizadas. Ahora es responsabilidad del presidente del Senado actuar con celeridad y compromiso democrático para aprobar esta ley que será una garantía adicional para el país”, declaró Siles, reportó DTV.

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Asimismo, el ministro recordó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ya instruyó a las salas constitucionales resolver los recursos pendientes, lo que contribuirá a brindar certeza jurídica y estabilidad institucional a la población.

El Gobierno insistió en la importancia de actuar con responsabilidad y en el marco de la institucionalidad, exhortando a los órganos del Estado a cumplir con su rol y coadyuvar en el desarrollo de unas elecciones transparentes y legítimas.

La Cámara de Senadores no contempló la pasada semana en la agenda legislativa el tratamiento del proyecto de ley N.º 428/2024-2025 que garantiza el principio de preclusión, que es parte del paquete de leyes remitidas por el Órgano Electoral para garantizar las elecciones presidenciales.

El pasado 15 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que garantiza la preclusión y fue remitido al Senado para su tratamiento.