La Paz.- A sus 25 años el hijo menor del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, compró la propiedad “Adán y Eva” por USD 3,3 millones, ubicada en un lugar privilegiado de Santa Cruz, el departamento más extenso y productivo de Bolivia. Esta transacción se concretó en 2021, un año y medio después de que Rafael Ernesto Arce Mosqueira dejara de ser funcionario público. Desde entonces se ha acelerado la conversión de este paraíso terrenal en cultivos extensivos de maíz y soya, pese a pertenecer a una zona de bosque de conservación y uso sostenible de la tierra.
También obtuvo, mediante un trámite exprés, luz verde de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) para ampliar los desmontes a casi mil hectáreas. Las imágenes satelitales desvelan que entre 2022 y 2024 ya desaparecieron 479,46 hectáreas de bosque.
En las tierras del hijo del presidente tampoco se cumplió un decreto del mandatario boliviano que ordenó una pausa ambiental ecológica en 2024 en todo el país, debido a la emergencia por los incendios forestales. “Adán y Eva” registró incendios durante un mes (entre septiembre y octubre), después de la promulgación del Decreto Supremo 5225 que prohibió las quemas en todo el territorio nacional.
Las fuentes consultadas concluyen que el caso “Adán y Eva” no solo expone el daño irreversible al ecosistema, sino la arbitraria disposición de instituciones del Estado para beneficiar al hijo menor del presidente de Bolivia en detrimento de la propia naturaleza. Al menos una modificación en el ordenamiento del predio, emitida en tiempo récord poco después de que Rafael adquiriera el predio, y la construcción de un puente durante la actual Administración favorecieron indirectamente los negocios agrícolas de Rafael.
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Una alianza de medios internacionales liderada por CONNECTAS envió solicitudes de información con preguntas detalladas a Rafael Ernesto Arce Mosqueira; Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia; Eulogio Núñez, director ejecutivo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), y Luis Roberto Flores, director nacional de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT). Hasta el cierre de este reportaje no se recibió respuesta a las solicitudes.
Rafael Ernesto Arce Mosqueira es el menor de los dos hijos varones del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, y también es el propietario de un pedazo de paraíso terrenal que está siendo convertido en campo de cultivos de soya y maíz, pese a que una serie de leyes, decretos y normas lo prohíben e instruyen su protección.
Este pedazo de paraíso terrenal está registrado oficialmente bajo el nombre de “Predio Empresarial y Agrícola Adán y Eva”, tiene una superficie de 2.187,8 hectáreas y está ubicado en plena transición de los bosques serrano, chaqueño y andino en los municipios de La Guardia y Cabezas de Santa Cruz, el departamento agropecuario por excelencia de Bolivia.
“Adán y Eva” pasó a manos de Rafael el 11 de noviembre de 2021 por USD 3.335.485. La Escritura Pública de Transferencia indica que un mes antes de la firma de este documento, el hijo del presidente pagó por anticipado USD 280.000 y que los USD 3.055.485 restantes los obtuvo mediante un crédito en el mismo banco donde los anteriores propietarios habían hipotecado el predio.
Extracto de la Escritura Pública de Transferencia del predio “Adán y Eva” efectuada el 11 de noviembre de 2021.
La millonaria transacción se concretó siete días después de que el vástago de Luis Arce cumpliera 25 años de edad y solo un año y medio después de haber dejado de ser funcionario público en la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). Antes, en 2014, cuando tenía 18 años y su padre cumplía ocho años como ministro de Economía, fue contratado como “auxiliar de soporte” en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Un excolega que compartió oficina con él recuerda que cuando llegó a esta institución era un joven callado, aplicado en lo laboral y de pocos amigos.
Su paso por el sector público terminó un par de meses después de que Evo Morales y su gabinete, del que su padre era ministro, renunciaran a continuar en el Gobierno de Bolivia, el 10 de noviembre de 2019, presionados por las protestas generalizadas que denunciaban fraude electoral en favor del Movimiento Al Socialismo, del que Evo era líder.
Con este perfil, ¿cómo Rafael pudo acceder a un crédito millonario si hasta entonces había sido un funcionario público de rango medio y no proviene de una familia adinerada? Esta fue una de las preguntas que se le solicitó responder y que no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta investigación.
Por la información pública se conoce que su padre, el ahora presidente de Bolivia, antes de entrar a la política se ganaba la vida como docente universitario y funcionario público en el Banco Central de Bolivia.
El 5 de agosto de 2017, Evo Morales informó a los medios que su ministro de Economía, que lo había acompañado desde 2006, había sido diagnosticado de cáncer y estaba vendiendo su único bien inmueble, un apartamento en la ciudad de La Paz, para costear los gastos de salud en el extranjero. Incluso, los militantes del MAS organizaron una “kermesse solidaria” destinada a la recaudación de fondos.
Como en Bolivia los bancos tienen prohibido brindar información sobre operaciones financieras de personas naturales o jurídicas, se consultó a fuentes de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), que hablaron bajo condición de anonimato, sobre los requisitos que debe cumplir una persona que quiere beneficiarse de un crédito similar al adquirido por el hijo del presidente.
Señalaron que el solicitante debe tener un buen historial crediticio; presentar certificados de altos ingresos debido a que las cuotas podrán ser de alrededor del 30 % de sus ingresos y estos pagos mensuales deberán hacerse por un periodo mínimo de diez años. Además, por la magnitud del monto, el crédito entra en la categoría de préstamos empresariales o capital de inversión, por lo que la tasa de interés oscila entre 5 y 15 %. Entre otros requisitos se encuentra la garantía de terceros, que deberán presentar certificados de posesión de un capital igual o superior al préstamo del solicitante.
Se le consultó a Rafael sobre las condiciones y garantías que le permitieron acceder al crédito, pero tampoco hubo respuesta.
Héctor Arce, diputado afín al expresidente Evo Morales, cuestionó el año pasado el origen de la fortuna de Rafael tras conocerse la compra de “Adán y Eva”. “¿De dónde un joven de 25 años puede tener ese patrimonio?”, se preguntó el legislador el 17 de abril de 2024, luego de presentar una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado, por los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y uso indebido de influencias. Esta institución estatal no respondió a la solicitud de esta investigación sobre el estado del proceso contra el hijo del presidente.
El paraíso de “Adán y Eva”
Antes de que Rafael comprara este predio, “Adán y Eva” era el nombre de una laguna de 20 hectáreas enclavada en la confluencia de tres ecorregiones de Santa Cruz, entre los municipios de Cabezas, La Guardia y El Torno, según el relato de los lugareños.
Los primeros vivientes que allí llegaron en la década de los 80 quedaron prendados por los bosques vírgenes, los retazos de planicies, las cadenas de montañas y un cielo azul salpicado de nubes de tamaños bien definidos, pero sobre todo, con la laguna que los cautivó. Imaginaron que así debió ser el paraíso de Adán y Eva y la bautizaron con sus nombres.
Fuentes de información: Archivos del INRA y otros documentos
Infografía: Elaboración propia
Estas tierras, que ahora se convirtieron en el predio “Adán y Eva” y en las comunidades campesinas Villa Florida, Pampa El Coscal, Tacuarembó, Parabanocito y San Luis, hasta principios del nuevo siglo no tenían dueños privados, le pertenecían al Estado. O al menos, quienes empezaron a establecerse allí no tenían legalmente la titularidad de los predios.
Sin embargo, esto comenzó a cambiar en la década de los 90 cuando la Gobernación (en ese entonces Prefectura) de Santa Cruz creó el Plan de Uso de Suelo (PLUS) en 1995, para definir cómo se deben usar las tierras en este departamento, y el Gobierno nacional promulgó las leyes INRA y Forestal. Con estos instrumentos se empezó a dotar, adjudicar y titular las tierras en Bolivia.
Para ese entonces, “Adán y Eva” ya registraba actividades antrópicas. Las imágenes LandSat analizadas por expertos en teledetección que colaboraron con esta investigación muestran que hasta 1996 ya se había deforestado una cuarta parte de este predio. Los documentos de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) relacionados con esta propiedad indican que hasta este mismo año “Adán y Eva” ya registraba cultivos de caña de azúcar y pasturas.
Hoy en día, este rincón de la geografía nacional vive su propio apocalipsis. Es una propiedad privada donde la conversión de los bosques primarios en monocultivos de soya y maíz es evidente, pese a estar sobrepuesta en su totalidad a la categoría Bosque de Conservación y Manejo Sostenible del PLUS y clasificada como Tierra de Producción Forestal Permanente (TPFP).
Fuente: Elaboración propia con base en imágenes Landsat (30 metros de resolución espacial) y Planet (3,5 metros de resolución espacial)
¿Cómo se llegó a este punto?
La deforestación en “Adán y Eva” no comenzó con la llegada del hijo del presidente, pero se intensificó en sus manos. En 2011, el INRA clasificó la propiedad como “empresarial y agrícola” y se la entregó por “dotación y adjudicación” a unos privados. En 2015 les emitió título ejecutorial sobre las 2.187,8 hectáreas que ahora constituyen la propiedad.
A Alejandro Almaraz, exviceministro de Tierras y principal impulsor de la Ley 3545, de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, le parece “extrañísimo” y “aberrante” que un predio pueda ser objeto a la vez de adjudicación y dotación. “Eso es absolutamente inadmisible de acuerdo con la legislación agraria vigente. O lo uno o lo otro. En ningún caso los dos”, dice. La adjudicación es la entrega de derechos a un privado; la dotación es la entrega de un predio a una comunidad.
Explica que “la dotación”, por definición de la Ley 3545 y de la propia Constitución del Estado, no puede otorgarse de forma individual, aunque se trate de una persona jurídica comercial, sea esta una sociedad por acciones o de responsabilidad limitada. En este proceso agrario, los destinatarios son las comunidades indígenas o campesinas. “No hay lugar a ninguna propiedad empresarial posible”, aclara.
Con tales antecedentes, sostiene el exviceministro, “desde ya se tendría que dar lugar a la nulidad del respectivo título ejecutorial” de este predio.
El extracto del título ejecutorial de «Adán y Eva» indica que el 28 de julio de 2015 el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) entregó la titularidad de este predio a unos privados.
Sin embargo, ya con la propiedad titulada, en 2017 los nuevos propietarios solicitaron a la ABT que les aprobara un Plan de Ordenamiento Predial (POP) para disponer de los recursos naturales. La entidad, a través de un informe técnico, observó que la agricultura y la ganadería a gran escala “no están permitidas, salvo en pequeñas áreas bajo sistemas agrosilvopastoriles de necesidad local, con prácticas de conservación de suelos” debido a la ubicación de estas tierras.
Pero, aún así, el entonces director de la ABT Santa Cruz, Willy Severiche, aprobó el POP de “Adán y Eva” por diez años. Este autorizó “establecer un sistema agrosilvopastoril en 721,2 hectáreas (32,9 %)”, donde el desmonte debía hacerse de forma manual o con motocultor y había que conservar los árboles mayores de un metro y medio de altura.
Los testimonios de los lugareños dan cuenta de que esto no sucedió tal cual, ya que recuerdan a los antecesores de Rafael como los precursores del cultivo mecanizado de soya en ese enclave de Santa Cruz.
El Manual de Elaboración de Planes de Ordenamiento Predial determina que en esa área las leyes no autorizan la agricultura a escala comercial y menos la conversión del bosque a monocultivos, como la siembra extensiva de soya o maíz que se está ejecutando en “Adán y Eva”.
Expertos en derecho agroambiental consultados para este reportaje observan que la raíz del problema fue que tanto el INRA como la ABT hicieron caso omiso del PLUS. Bastaba una ojeada a este instrumento técnico para declarar los desmontes como delitos ambientales. Luego, explican los expertos, correspondía que la ABT abriera procesos administrativos y penales a los funcionarios implicados y a la familia solicitante.
Un trámite exprés
Rafael no perdió el tiempo. Dos semanas después de que “Adán y Eva” fuera transferido a su nombre tocó las puertas de la ABT para pedir la modificación del POP de este predio. La solicitud ingresó el martes 23 de noviembre de 2021 y a la ABT no le tomó ni una semana responder. En realidad, cuatro días hábiles descontando el fin de semana.
El 29 de noviembre emitió un informe técnico y ese mismo día Luis Roberto Flores Orellana, que en aquel entonces era el director regional de la ABT Santa Cruz y dos años después fue nombrado director nacional de esta institución, firmó la Resolución Administrativa (POP 5073-2021) sin hacer una sola observación.
De este modo, el ingeniero en Electrónica y Sistemas, en cuya cédula figura con profesión “agricultor”, obtuvo licencia para ampliar los desmontes a 948 hectáreas e implementar allí un sistema agrosilvopastoril, una técnica de producción que combina árboles, cultivos y ganado en una misma unidad.
Un perito agroambiental independiente realizó un análisis sobre cómo se deberían gestionar los recursos naturales del predio “Adán y Eva”. Basado en lo establecido por el PLUS Santa Cruz, la Ley Forestal 1700 y la normativa de la ABT, el Plan de Ordenamiento Predial debería zonificar a esta propiedad como señala este documento.
Un estudio de un perito ambiental independiente, basado en lo establecido en el PLUS y la Ley Forestal, concluye que el bosque debería ocupar el 69,3 % de la superficie de este predio. Es decir, 1.518 hectáreas deberían permanecer como área forestal de protección y no 407 como aprobó la ABT en 2021. Ese año, la ABT también le dio licencia a Rafael para eliminar la unidad de “Bosque de Protección de Laderas (UP-L)”, que figuraba en el anterior POP y cuyo propósito era proteger 260 hectáreas.
Sin embargo, en ninguna parte del modificado plan de ordenamiento predial se lee que se haya aprobado la implementación de cultivos anuales intensivos. Pese a ello, entre febrero y marzo de este año, los sembradíos de maíz y soya formaban gigantes ríos verdes que serpenteaban entre las montañas y se perdían en el horizonte de “Adán y Eva”.
En el transcurso de estos dos meses, en diferentes oportunidades, un equipo de reporteros recorrió los alrededores de esta propiedad. Las mazorcas, que en la primera semana de febrero estaban en pleno crecimiento, en la última semana de marzo empezaban a cambiar de color, en clara señal de que el tiempo de la cosecha de maíz se acercaba.
Para esta cosecha, Rafael ahora cuenta con un acceso más corto para llegar a los mercados. A 15 kilómetros de su propiedad se acaba de estrenar un puente de 148 metros, construido en doble vía sobre el río Piraí. Pobladores del distrito 5 de El Torno cuentan que era un sueño de hace 20 años que “don Rafael”, como ellos le llaman, les ayudó a coronar. Antes, en temporada de lluvias, cuando el río crecía debían cargar a cuestas su producción y cruzar por un puente colgante.
Pero, casualmente, esto cambió diez meses después de que Rafael adquirió “Adán y Eva”. La Administración de Luis Arce, a través de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) dependiente del Ministerio de la Presidencia, aprobó el desembolso de 21,7 millones de bolivianos (USD 3,1 millones) para la construcción de esta obra.
Los peritos ambientales que colaboraron con esta investigación periodística observan que la ABT cometió una cadena de ilegalidades al incumplir su propia normativa (PLUS, Resolución Administrativa ABT 129/2020 y Ley Forestal, entre otras). Lo que les llama poderosamente la atención es la velocidad con la que se resolvió la solicitud del hijo del presidente.
Sostienen que no es normal que un trámite de aprobación o modificación de POP se haga en seis días, y más cuando el predio, como sucede con “Adán y Eva”, está clasificado como Tierra de Producción Forestal Permanente (TPFP) y sobrepuesto a un bosque de conservación y manejo sostenible.
Si bien la Resolución Administrativa ABT 129/2020 indica que este tipo de trámites debe ser resuelto en un tiempo no mayor a un mes, funcionarios de esta institución que pidieron la reserva de su identidad informaron que normalmente se requiere un promedio de tres meses, debido al análisis al que debe ser sometida la documentación presentada, la posible inspección a los predios y el escaso personal de esta institución.
“Aquí se ve un claro favorecimiento al hijo del presidente”, dice la diputada por Santa Cruz María José Salazar, que en el último lustro se ha destacado por su lucha por la defensa del agua, los recursos naturales y los pueblos indígenas de Bolivia.
“Esto es un escándalo de proporciones mayúsculas”, sostiene la legisladora al cuestionar, en primera instancia, la forma “exprés” en la que la ABT resolvió esta solicitud, en relación a lo que debe enfrentar un ciudadano sin influencias. A esto, Salazar le suma la autorización de nuevos desmontes, por encima de lo aprobado en el anterior Plan de Ordenamiento Predial (POP). Así, agrega, “se está sacando (a Rafael) de cualquier posibilidad de ser investigado por este delito ambiental”.
La desaparición del bosque primario
El análisis de las imágenes satelitales desvela que desde que Rafael tomó posesión de “Adán y Eva” los bosques primarios y cuerpos de agua están sucumbiendo ante el impetuoso avance de la maquinaria agrícola y el fuego. Ya desaparecieron 479,4 hectáreas entre 2022 y 2024. Y aún tiene permiso para desmontar 468,6 hectáreas, según lo aprobado por la ABT.
La mano de Rafael no se detuvo ni cuando Bolivia enfrentó su peor emergencia climática en 2024, como consecuencia de la expansión de los incendios forestales y la sequía. Este año, el país situado en el corazón del mapa de Sudamérica marcó un récord histórico de más de 12 millones de hectáreas arrasadas por el fuego.
Los peores meses fueron septiembre, octubre y noviembre. La humareda cubrió los cielos y respirar se volvió un peligro. Santa Cruz fue el departamento más afectado. Mientras los hospitales se llenaban de pacientes con males respiratorios, las escuelas suspendían clases presenciales y la población presionaba al Gobierno para que declarara emergencia nacional y se organizaba para ayudar a apagar los incendios, la tercera parte “Adán y Eva” también ardía.
Un análisis de datos VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) de la NASA registró dos picos de focos de calor, con un promedio de 6 alertas por día. El primero tuvo lugar entre el 20 y el 31 de octubre y el segundo, del 13 al 17 de noviembre de 2024. Esto significa que hubo fuego en esta propiedad después de que el mandatario boliviano, el 11 de septiembre, promulgó el Decreto Supremo 5225 con el que declaró pausa ambiental ecológica en todo el país y prohibió las quemas.
Se le consultó a la ABT si investigó y sancionó estos fuegos, pero no hubo respuesta. El análisis de deforestación, basado en imágenes Planet con 3,5 metros de resolución espacial, indica que solo en 2024 “Adán y Eva” perdió 182,6 hectáreas de bosque.
Los puntos rojos significan focos de calor activos por año | Fuente: Datos VIIRS de la NASA
Al ubicarse el predio en la confluencia de tres ecorregiones, sus paisajes son singulares, así como la diversidad de microclimas, formaciones geológicas y vida silvestre, explica el biólogo Huáscar Bustillos. En los bosques serrano, chaqueño y andino habitan 376 especies de plantas, 297 especies de aves y 59 especies de mamíferos, que representan el 18 % de las registradas en Bolivia. Entre estas, tres se encuentran en peligro de extinción: la paraba militar o guacamaya verde (Ara militaris), el cóndor de los llanos o rey zamuro (Sarcoramphus papa) y el cóndor de los Andes (Vulthur gryphus).
En este escenario, lamenta el biólogo, la transformación del bosque primario de “Adán y Eva” en monocultivos significa atentar contra el hogar de esta flora y fauna.
Evitar que esto suceda o investigar a quienes vulneran las leyes es responsabilidad principalmente del Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente, señala Román Vitrón, especialista ambiental. Los gobiernos departamentales y municipales también juegan un rol importante a través de sus unidades medioambientales, acota.
Si Bolivia fuera diferente…
“Bolivia se ha convertido en un Estado fallido, como consecuencia de que en las últimas décadas se ha venido destruyendo sistemáticamente la institucionalidad pública”, concluye el exviceministro de Desarrollo Rural y Tierras, Alejandro Almaraz. Para él, lo poco que se había construido como Estado de Derecho, incluidos los logros que se produjeron en materia agraria, se ha perdido y, por el contrario, se ha establecido una impunidad general para “el manejo clientelar del Estado y de sus instituciones”.
Esto no debe continuar así, opina la diputada María José Salazar. Sostiene que más allá de los delitos ambientales graves por desobedecer un decreto presidencial en plena emergencia por los incendios y de destruir un bosque de protección, el caso de “Adán y Eva” expone una trama de tráfico de influencias y asociación delictuosa de funcionarios públicos para favorecer a una persona.
Por eso, anuncia que ella y otros legisladores se constituirán en parte denunciante para que el Ministerio Público investigue al hijo del presidente. Incluso va más allá al decir que no solo Rafael debe rendir cuentas ante la justicia; también deben hacerlo el presidente de Bolivia y los funcionarios públicos que doblegaron las leyes al servicio de quienes ostentan el poder. Insiste en que se debe poner especial atención e investigar no solo la relación entre el director de la ABT y Rafael, sino con el mismo Luis Arce. “Que no me vengan a decir que el presidente no lo sabía”, sostiene.
“En las últimas décadas se ha venido destruyendo sistemáticamente la institucionalidad pública” Exviceministro Alejandro Almaraz
En su opinión, esto amerita una investigación que ponga bajo la lupa la relación no solo entre el director de la ABT y el ahora propietario del predio, sino con el mismo Luis Arce. “Que no me vengan a decir que el presidente no lo sabía”, agrega Salazar.
Si Bolivia fuera un país donde se respetan las leyes, se investiga y sanciona a los que las vulneran, la historia de “Adán y Eva” sería diferente, coinciden las fuentes consultadas. Para empezar, el INRA y la ABT hubieran hecho respetar lo establecido por el Plan de Uso de Suelo de que el enclave donde está este predio corresponde a la categoría de suelo de uso restringido para monocultivos.
Además, si se acogiera el concepto de peritos ambientales independientes, solo el 30 % del suelo debería tener cultivos y el resto tendría que mantenerse como bosque de conservación. Solo así se podría recuperar el paraíso de “Adán y Eva” del infierno en el que está siendo convertido.
FOTOGALERÍA
La ruta hacia “Adán y Eva”
/Reportaje realizado por Connectas.org/