El exalcalde de Cobija y además exfutbolista de varios equipos y la selección boliviana, Luis Gatty Ribeiro fue liberado en las últimas horas, la exautoridad estaba detenido en Brasil por una denuncia en la justicia boliviana, en la que se lo acusa de varios delitos cometidos durante su gestión. La justicia brasileña no aceptó el pedido de extradición.
Ribeiro quien se encontraba detenido desde el pasado 12 de abril en Rio Branco, estado de Acre, se benefició de su liberación luego de la actuación de su defensa, quienes probaron que el exfutbolista tiene nacionalidad brasileña por nacimiento. Esta prueba impide que pueda ser extraditado, pese a también contar con la nacionalidad boliviana.
La ministra Cármen Lúcia, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, determinó su liberación basándose en la Constitución brasileña de 1988, que prohíbe extraditar a ciudadanos brasileños nativos.
Ribeiro es acusado en Bolivia por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Uno de los casos más representativos en su contra es sobre la adquisición de 1.200 pantallas LED, que nunca fueron instaladas. Esta compra provocó un daño económico superior a los Bs 4 millones a las arcas del gobierno municipal de Cobija.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Debido a esto se esperaba que se haga efectiva la extradición para poder ser juzgado en Bolivia, donde se encontraba prófugo desde 2022.
El pasado 12 de abril, luego de darse a conocer la noticia de la aprehensión del exalcalde de Cobija, el Ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo dijo, “Si no me equivoco, el proceso contra Gatty Ribeiro es por legitimación de ganancias ilícitas de larga data, esta persona se habría refugiado, por decirlo de alguna manera, en la República Federativa de Brasil. Tenía una alerta roja por Interpol, se ha dado cumplimiento por las autoridades policiales en Brasil”.
Además aseguró que el proceso de extradición debería ser iniciado por las personas interesadas para que cumpla su proceso en territorio nacional. Hasta el momento ninguna autoridad se pronunció sobre la decisión de la justicia brasileña.