Estamos pasando por una multicrisis en Bolivia, donde no solamente nos flanquea la crisis económica, la crisis política, la crisis social; y en ese escenario, “la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales y de las personas de la diversidad sexual parece no ser una prioridad, aunque su dignidad y su vida estén en juego”, advierte Ana Paola García, directora de la Casa de la Mujer
Fuente: ANF / La Paz
En Bolivia, las trabajadoras sexuales siguen siendo uno de los sectores más vulnerables frente a la violencia y el abandono institucional. A pesar de que la normativa nacional garantiza protección a todas las personas, en la práctica muchas de ellas son excluidas del sistema de justicia. Así lo advierte Ana Paola García, directora de la Casa de la Mujer, quien denuncia que la violencia que enfrentan estas mujeres no sólo proviene de los agresores, sino también de quienes deberían protegerlas.
“El de las trabajadoras sexuales es un sector con un grado mayor de vulnerabilidad, porque no es un secreto a voces que muchas veces incluso los policías realizan actos de violencia hacia ellas, no solamente de extorsión, sino también actos de violencia sexual dentro de las comisarías”, afirma García a ANF.
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Esta situación, que debería escandalizar a las autoridades, agrega, es tolerada por una cultura de impunidad y prejuicio.
La directora de la Casa de la Mujer alerta también sobre el alto riesgo de sufrir agresiones sexuales por parte de los propios clientes. Pero la mayor preocupación es la ausencia de respuestas institucionales: “¿A dónde van a ir a denunciar? ¿Dónde las van a proteger, cuando las autoridades todavía no tienen una mirada integral de la situación del consentimiento en los casos de violencia sexual?”, se pregunta.
Aunque existen leyes que supuestamente garantizan la protección de todas las personas sin distinción, el problema radica en la forma en que estas normas son aplicadas.
“La normativa es para todas, para todos, por lo que no debería de haber ningún tipo de discriminación al momento de exigir su protección ante la ley; pero el problema no está en la normativa (…) el problema fundamental está en quienes aplican la normativa”, sostiene García.
Desde la Casa de la Mujer, la experiencia de acompañar a sobrevivientes de violencia sexual que ejercen el trabajo sexual ha revelado un patrón grave: “Existe una pérdida completa de la credibilidad de su palabra”, afirma. Este descrédito se traduce en negligencia, desconfianza y revictimización por parte del sistema de justicia.
“Principalmente, si son mayores de edad, son culpabilizadas, son juzgadas. Tienen todavía muy presente y muy latente no solamente la violencia de sus agresores, sino la violencia institucional”, añade García. El sistema no solo falla en protegerlas, sino que las convierte en sospechosas, perpetuando un círculo de impunidad.
La situación es aún más crítica cuando se trata de trabajadoras sexuales que forman parte de la diversidad sexual, lo que representa un mayor grado de vulnerabilidad. García advierte que en estos casos estas personas enfrentan una doble o triple discriminación.
Y la percepción social hacia esta población en situación de vulnerabilidad tampoco ayuda. García advierte que la percepción es de completa indiferencia.
“Miramos hacia un lado, no nos gusta meternos en el problema”, comenta. Para muchas personas, el estigma sobre el trabajo sexual continúa justificando la violencia que estas mujeres enfrentan.
“Se establece que las mujeres deciden tomar ese camino, que es un camino de vida fácil (…) e inmediatamente la culpabilización recae sobre la mujer y no sobre el otro, no sobre el agresor”, denuncia.
Esa indiferencia social alcanza incluso los casos más graves, como la trata y tráfico de personas. García señala que los proxenetas ocultan estas realidades que muchas veces involucran a menores de edad. “Y lo vemos, pero no lo hablamos”, sentencia.
Y, ahora, dice, estamos pasando por una multicrisis en Bolivia, donde no solamente nos flanquea la crisis económica, la crisis política, la crisis social; y en ese escenario, “la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales y de las personas de la diversidad sexual parece no ser una prioridad, aunque su dignidad y su vida estén en juego”.