La diputada cruceña llamó a las autoridades a que se activen los mecanismos legales para revertir esta decisión judicial.
eju.tv /Video: La Hora Pico
Santa Cruz.- La diputada cruceña María René Álvarez denunció este martes que la Sala Constitucional del Beni se extralimitó en sus funciones al emitir una resolución sobre la delimitación territorial de la comunidad de Piso Firme, en lo que calificó como una acción de prevaricato, por contradecir la normativa vigente y atribuirse competencias que no le corresponden.
Según la legisladora, la delimitación de límites territoriales está claramente establecida en la normativa boliviana. “Hay un procedimiento legal, técnico y territorial que debe seguirse. La resolución del vocal de la Sala Constitucional del Beni es una acción arbitraria y negligente, alejada del marco normativo”, afirmó la legisladora en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.
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La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni falló a favor del gobernador José Alejandro Unzueta Shiriqui y declaró nula la Resolución Administrativa 58/2024 del INE, que contenía información censal sobre comunidades en el área de Piso Firme. La resolución también ordena la rectificación inmediata de los datos, reconociendo a Piso Firme como parte del departamento de Beni.
Álvarez también denunció que este proceso fue antecedido por una modificación irregular en el Sistema de Ordenamiento Territorial (SIOT), impulsada en la gestión del entonces viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, hoy ministro de Medio Ambiente. Según la diputada, esta modificación se habría hecho “desde el escritorio”, sin trabajo de campo ni criterios técnicos geográficos.
“La resolución debió resolverse, en última instancia, por el Tribunal Supremo de Justicia, no por una sala constitucional departamental. Estamos ante una instrumentalización de la justicia con fines políticos”, alertó Álvarez, señalando además que el accionar del gobernador del Beni, al acudir a instancias no competentes, fue hecho “de mala fe” y con objetivos electorales.
La diputada sostuvo que la disputa territorial no se limita solo a la comunidad de Piso Firme. El área afectada comprende también parte del norte de la provincia Ñuflo de Chávez, especialmente en el municipio de Concepción, y una porción significativa de la provincia Guarayos. “Es un polígono que abarca territorios de tres municipios, no es un tema menor”, subrayó.
Álvarez también expresó su preocupación por la falta de acción y transparencia de la Gobernación de Santa Cruz, que, pese a conocer de antemano la existencia del proceso judicial, no habría informado ni a los representantes locales ni a las comunidades afectadas. “Me enteré por los medios de comunicación. Es lamentable que no se haya articulado una defensa institucional firme ni se haya comunicado a las autoridades locales”, criticó.
Para la parlamentaria, este caso representa un nuevo precedente nefasto sobre cómo se utiliza la justicia de forma instrumental. “Ya lo vimos cuando el Tribunal Departamental del Beni suspendió las elecciones. Ahora, con vocales designados a dedo y un magistrado autoprorrogado, como el señor Hurtado, asistimos a una maniobra política que pretende dividir a los departamentos por intereses electorales”, advirtió.