El Legislativo sostiene que el Ejecutivo transfirió Bs 9,8 millones de los Bs 18 millones que corresponden a los desembolsos entre enero y abril. El alcalde dice que cumple con los depósitos y les pide trabajar
Fuente: eldeber.com.bo
El Concejo Municipal solo recibió Bs 9,8 millones de los Bs 18 millones de su presupuesto que le debió transferir el Ejecutivo por los primeros cuatro meses. La pelea por dos curules, profundizada en esta gestión, asfixia al Legislativo que no puede cumplir con sus obligaciones económicas y tropieza, incluso, con problemas logísticos para hacer el trabajo de fiscalización en los barrios.
No solo deben sesionar en plazas o aceras cuando visitan los distritos, debido a que tienen restringido el uso de edificios municipales, sino que también acusan al alcalde Jhonny Fernández de bloquear el desembolso de recursos. Señalan que las transferencias llegan con retraso y hasta el momento solo han recibido el 54% de lo que corresponde, lo que les impide cubrir salarios y asumir los gastos básicos de funcionamiento del Órgano Legislativo.
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También aseguran que están bloqueadas algunas leyes que abren el paragua para la fiscalización y la independencia de órganos. Sin embargo, el burgomaestre rechaza las acusaciones y les pide que cumplan con su trabajo.
El vicepresidente del Concejo, José Alberti, asegura que a veces se “tiran la pelota” para cumplir con las firmas para el desembolso.
Según la Ley Municipal 1584, el Ejecutivo debe transferir a la cuenta fiscal del Concejo, de manera automática y obligatoria, los recursos del presupuesto vigente, el primer día hábil de cada mes, en diez cuotas. Sin embargo, en estos cuatro meses, solo han recibido poco más de la mitad de lo programado. Les adeudan Bs 8,2 millones hasta el 14 de mayo.
Así consta en un reporte del Sistema de Gestión Pública. En febrero recibieron dos depósitos correspondientes a enero; uno por Bs 2,6 millones y el otro, por Bs 1,9 millones. Sin embargo, en marzo comenzaron los desfases, porque llegó un desembolso de Bs 1,5 millones y quedaron pendientes Bs 3 millones. En abril recibieron Bs 2,8 millones y faltaron Bs 1,7 millones; mientras que el 12 de mayo, recibieron solo 1 millón.
En total, el presupuesto anual del Concejo alcanza a Bs 54 millones, con lo que también se cubre los sueldos de los once concejales. El monto es un poco más alto que el presupuesto del despacho del alcalde, que llega a Bs 31 millones.
Con sus recursos, el Concejo prioriza el pago de personal, p
ero en estos momentos se adeuda dos meses de sueldo a los 136 consultores y uno a los 246 funcionarios de planilla.
Todo esto también pone en apuros a los concejales que hace una semana, incluso, tuvieron que sacar de su propio bolsillo para fotocopiar documentos. Además, han postergado el mantenimiento de los vehículos y en ocasiones no hay recursos para cubrir gastos logísticos para hacer la fiscalización en distintas zonas. Además, hay dificultades para cubrir servicios básicos, al punto que estuvieron al límite para el corte del servicio de energía eléctrica. Tampoco pueden cumplir con las empresas que prestan servicios a la institución.
Normas y procedimiento
El conflicto también tiene bloqueado el flujo institucional. Este viernes el Ejecutivo no recibió la documentación que desde el 17 abril intenta entregar el Legislativo, donde se encuentra el reformulado del POA 2025.
También están postergadas algunas normas. Una de ellas es la ley que busca devolver al Concejo Municipal la facultad de fiscalización con capacidad sancionatoria, permitiéndole aplicar desde llamada de atención, descuentos salariales de hasta el 20% e incluso la censura de directores y secretarios que no cumplan con sus funciones.
Esto porque, si bien la Ley 482 y el Decreto Supremo 726 establecen claramente la separación de órganos, durante la anterior gestión municipal se fue debilitando el rol fiscalizador del Concejo.
“Si bien existe una ley de fiscalización, en la pasada gestión se la hizo muy ligera. Ahora solo podemos pedir PIO (Petición de Informe Oral) y nos pueden responder, que no es posible. Sin embargo, esta nueva ley nos devuelve esas atribuciones de iniciar procesos sancionatorios, en caso de incumplimiento. Solo falta que sea promulgada”, enfatizó Alberti.
Otra norma que fue objetada por el Ejecutivo es la Ley de Contratos y Convenios. Aunque en 2022 fue promulgada por el entonces presidente del Concejo, Israel Alcócer, el Ejecutivo presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que la declaró inconstitucional.
La ley establecía que todos los contratos suscritos por el Ejecutivo con montos iguales o superiores a los Bs 30 millones debían contar con la aprobación del Concejo Municipal. “De haberse aplicado, alrededor de 136 contratos al año deberían haber pasado por el Concejo. Lo que buscábamos era que lleguen contratos grandes, como el de la basura, el desayuno escolar, la compra de medicamentos y obras públicas, porque ahí se manejan montos importantes”, explicó.
La repuesta del alcalde
El alcalde Fernández le respondió a los concejales, indicando que no existe ninguna retención de recursos. “Lo que hay que preguntarles es qué hacen con la plata. Todos los años se les da cerca de Bs 50 millones, que es su presupuesto. Yo lo único que hago es darle el dinero y ellos tienen que responder qué hacen con los recursos. El presupuesto es anual, no es diario ni semanal ni mensual y, de acuerdo a la disponibilidad, se les da lo que se tiene que traspasar”, explicó Fernández.
“Cuando termine el año vamos a ver qué hicieron con el dinero. Que se dediquen a trabajar ‘estos muchachos’ (los concejales). Que dejen de quejarse, porque son casi Bs 200 millones los que se les ha traspasado en los últimos cuatro años que llevo como alcalde”, manifestó el burgomaestre que tildó de políticas las acusaciones.