La periodista de EL DEBER Silvana Vincenti ha sido reconocida con el premio ‘Libertad’ por al Asociación de Periodistas de Santa Cruz. Aquí su discurso íntegro.
Fuente: El Deber
Hace poco descubrimos cómo un grupo religioso internacional, Kailasa, a nombre de la espiritualidad, alquiló a perpetuidad tierras en Bolivia, abusando de la precariedad en la que viven los pueblos indígenas, e incluso amenazando la soberanía de la Patria. Cuando lo publicamos, lo que recibimos no fueron aplausos o felicitaciones, sino amenazas, pero la mayor humillación provino del silencio estatal e institucional.
La libertad de expresión, que deberíamos estar celebrando, en Bolivia la estamos perdiendo de una manera muy cínica, lo confirma el cierre de medios de comunicación y la precarización de la labor periodística. Se acalla a la prensa con el incumplimiento de la CPE y de acuerdos internacionales como el de Escazú; con asfixia económica, con despidos disfrazados de recortes, con requerimientos fiscales, impunidad, judicialización y criminalización, con citaciones a declarar en La Paz, tratando de debilitar y destruir una instancia propia que parece que estorba, la del Tribunal de Imprenta. Se silencia y se denigra a la prensa, y con ello a la libertad de expresión, en las calles, en los paros, bloqueos, en los vertederos, avasallamientos, en Las Londras, en el predio de los Kim, y también en el Concejo Municipal cruceño.
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No lo digo, yo, lo dicen reportes oficiales. El año pasado, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) registró agresiones a seis mujeres periodistas, y en los primeros meses de 2025 ya suman otras seis agresiones a mujeres que cumplían su labor informativa. La más reciente fue a la periodista Paola Cadima, que el lunes 5 de mayo protegió a dos humildes mujeres de una horda dispuesta a violentar sus derechos y actuar con absoluta impunidad durante un conflicto por la recolección de basura, en Cochabamba.
En el desenlace de este hecho de violencia, Paola también fue víctima de una brutal golpiza y de vejaciones por su condición de mujer.
Asimismo, la ANP registró más de 1.000 incidentes desde el año 2008, pero ningún caso llegó a una sanción a los responsables de las agresiones protagonizadas por sectores paraestatales y no estatales.
Uno de los más graves ejemplos de impunidad es Las Londras, con el secuestro y tortura de seis periodistas, entre ellos una mujer, que fueron retenidos contra su voluntad en la provincia Guarayos, el 28 de octubre de 2021. Hasta ahora ninguno de los responsables está detenido y el proceso se halla a la espera de la actuación de la Fiscalía y algún juez. Mientras tanto, los avasalladores siguen sembrando y cosechando, y comercializando su producción, igual que hacen los avasalladores de Bajo Paraguá, de las ex concesiones forestales, y de infinidad de tierras fiscales perdidas por el Estado boliviano, por omisión o complicidad, a manos de traficantes, que consolidan millonarios negocios en el rubro inmobiliario rural.
Con Kailasa pasa algo similar, la Fiscalía de Beni abrió un proceso, que hasta donde se sabe, por ahora deriva en nada, e irónicamente se aceleró la expulsión de los extranjeros, sin investigarlos, eliminando el problema con una eficiencia convenientemente selectiva.
Los datos de la ANP también señalan que ya son reiteradas las peticiones de fiscales para que los reporteros y dirigentes de periodistas actúen como testigos en investigaciones por delitos de orden penal. Esta es otra forma de atropello contra el trabajo de los periodistas y es una forma indirecta de buscar la autocensura y el silencio.
Otras actuaciones judiciales cuestionables tienen relación con el pedido de revelación de la fuente informativa, cuando los profesionales del derecho debieran ser los defensores de un cuerpo legal centenario, la Ley de Imprenta que protege el secreto de la fuente noticiosa.
Por otra parte, en 2024 el Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS documentó un total de 247 vulneraciones a la libertad de prensa y al derecho a defender derechos en Bolivia: 150 casos contra periodistas y medios de comunicación y 97 contra personas y organizaciones defensoras, sobre todo indígenas y territoriales, cifras que, según el informe, evidencian el alto nivel de riesgo que enfrentan estos actores en el ejercicio de sus labores, razón por la que urge crear un mecanismo que prevenga, proteja y garantice la investigación y sanción contra quienes vulneran su labor de defensa.
No sólo se trata de las recomendaciones de UNITAS, sino de otros estados, como España, que en 2019, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), sugirieron a Bolivia crear este mecanismo.
Los datos de Unitas además muestran que la libertad de prensa fue la segunda categoría más vulnerada entre las seis monitoreadas, con 42 agresiones físicas o psicológicas a periodistas, 30 casos de impedimento al acceso a la información, y un aumento de la criminalización de periodistas, que pasó de un caso en 2023 a 11 en 2024. Estas vulneraciones se concentraron en contextos de alta conflictividad, como la marcha y posterior bloqueo de cocaleros y militantes del MAS en rechazo al proceso por estupro y trata de personas en contra de Evo Morales.
Por otro lado, las personas defensoras de derechos sufrieron 93 vulneraciones, un aumento del 82% respecto a 2023. Más de la mitad de los casos (53) están relacionados con criminalización, especialmente de defensores de tierra y territorio, de pueblos indígenas y del medioambiente. A esto se suman amenazas, agresiones físicas y la falta de protección en contextos de riesgo.
Ser periodista en Bolivia
Ser periodista en Bolivia es caminar con la verdad al hombro, en un campo minado de intereses, mafias, corrupción y estructuras de poder, no solo nacionales e internacionales, también locales. Pero ser periodista también es ser oportunidad y propósito, esperanza y voz para quienes se sienten silenciados y saben que cuando no hay confianza ni en la justicia o en otros órganos del Estado, existen periodistas que no trafiquen con la verdad.
La libertad de expresión no es un privilegio ni un favor, es un derecho.
Por eso hoy quiero honrar a los colegas que perdieron su trabajo por librepensar, a los que soportan la asfixia económica que no se origina en las nuevas tecnologías, sino en la premeditación y la alevosía politiquera.
Quiero honrar a los colegas que tienen sed de justicia, y asco de la impunidad. A los que se quitaron la vida por falta de fe en un mejor horizonte, fruto de una salud mental deteriorada por la normalización del estar mal, tema que, por cierto, es un tabú en el gremio.
A los que, como mi amiga Carla Paz Vargas, ex editora de Economía de EL DEBER, dejaron su país para empezar de cero, porque aquí ya no daban más. También elevo la voz por mis colegas de medios más pequeños, en ciudad o provincias, a los que hacen consultorías comunicacionales, extremadamente vulnerables. Y a mis colegas que hacen mal las cosas, les pido que respeten este oficio, uno de los más nobles y esperanzadores, porque dejan devastación en la confianza de la sociedad. Gabriel García Márquez decía que para ser periodista hacía falta, además de una base cultural importante y mucha práctica, también mucha ética. Mientras que según Kapuscinski, para ejercer el periodismo, ante todo, había que ser buenos seres humanos.
A los maestros, les pido que dejen legado. A los más jóvenes, que vean más allá del fenómeno viral y la monetización.
Los periodistas no pedimos privilegios, exigimos garantías. Queremos investigar sin miedo, sin mendigar información, sin que el espíritu crítico sea tildado de interesado o pagado. Los periodistas no fuimos valientes por denunciar Las Londras, tráfico de jaguares o presencia criminal en áreas protegidas, tampoco por denunciar Kailasa, simplemente fuimos libres… porque el buen periodismo siempre es luz.
Fuente: El Deber