La recurrencia con la que se reportan hechos de violencia en distintos puntos del país, tiene que ver con la pérdida del principio de institucionalidad, además de la inexistencia del Estado de Derecho y la independencia de poderes. Apuntan al Gobierno como principal responsable para la generación de escenarios de violencia, ante la ausencia del Estado y la desconfianza generalizada en el sistema de justicia.
Fuente: El Diario
Ante recientes hechos de violencia generados alrededor de la actividad minera, el senador por Chuquisaca, Santiago Ticona Yupari, afirmó que la población ya no confía en una justicia completamente sometida al poder político, lo que lleva a que constantemente se busque resolver problemas por la vía de la fuerza.
En criterio de Ticona, la recurrencia con la que se reportan hechos de violencia en distintos puntos del país, tiene que ver con la pérdida del principio de institucionalidad, además de la inexistencia del Estado de Derecho y la independencia de poderes.
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Asimismo, recordando el reciente caso de la juez que benefició irregularmente a Evo Morales, anulando órdenes de aprehensión y las investigaciones en su contra, acción respondida posteriormente con otra determinación judicial que dejó sin efecto la primera disposición, el senador aseguró que ha quedado demostrado el actual estado de la justicia boliviana, completamente sometida al poder político.
“Es por esto que la población ya no cree en la justicia y por eso empiezan a tomar acciones propias y el país está ingresando en el peligroso camino de ‘la ley del más fuerte’, resolviendo sus problemas a través del enfrentamiento que genera la pérdida de vidas humanas”, dijo.
Para Ticona, el principal responsable para la generación de escenarios de violencia ante la ausencia del Estado y la desconfianza generalizada en el sistema de justicia, es el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), administración que se ha encargado de manipular el Órgano Judicial con fines políticos.
“El MAS protege a los prorrogados del Tribunal Constitucional, utiliza la justicia para perseguir a los que piensan diferente y les da inmunidad a los sectores que pertenecen al MAS”, agregó.
En el tema específico de la minería descontrolada, el senador de oposición apuntó a autoridades nacionales por impulsar, proteger e incentivar el extractivismo cooperativizado en el país, muchas veces yendo en contra de los derechos de pueblos indígenas y el medio ambiente, siempre privilegiando a un sector leal al régimen, mismo que además sostiene a la actual gestión de gobierno.
“Los que defienden y le dan sostenibilidad al gobierno del MAS, sobre todo al señor Arce, son la minería ilegal, en este caso los cooperativistas”, acotó.
Al respecto, la senadora Daly Santa María lamentó que en el tema de la minería exista una “prebenda terrible” ente el Gobierno central y un sector descontrolado que viola muchas normativas vigentes, amparados en la pasividad de autoridades incapaces de hacer cumplir la ley.
“Yo creo que el problema es el principio de autoridad y que cada autoridad cumpla su rol, entendiendo que el Ejecutivo fue elegido no para hacer prebenda con grupos organizados, sino para administrar este país”, sostuvo.
El jueves, se reportó un conflicto minero en la localidad de Arapata de los Yungas de La Paz, que dejó como saldo un muerto por impacto de bala.
La víctima fue identificada como Nicanor Velásquez, padre del diputado Freddy Velásquez, quien perdió la vida producto de un enfrentamiento con un grupo que intentó, con violencia, iniciar actividades mineras de forma ilegal en la zona.
A través de sus redes sociales, el presidente Luis Arce expresó su pesar por esta muerte, demandando el esclarecimiento del hecho y sanciones ejemplares para los responsables.
Fuente: El Diario