El caso Consorcio, que expone una presunta red de manipulación judicial, suma nuevas denuncias; Zuleyka Lanza advierte sobre amenazas y exige que se garantice su seguridad.
eju.tv / Video: DTV
La abogada Zuleyka Lanza, abogada del exjuez de Coroico, Marcelo Lea Plaza, denunció que tanto ella como su defendido han recibido amenazas tras conocerse un audio en el que presuntamente se escucha al exministro de Justicia, César Siles, dar instrucciones a su defendido para que emita una resolución judicial contra la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.
El juez Lea Plaza fue enviado preventivamente al centro penitenciario de San Pedro por seis meses y pidió acogerse a la figura de testigo protegido; la abogada Lanza indicó que él tiene en su poder evidencias para sustentar la denuncia sobre el consorcio y la presión recibida de autoridades judiciales y del Ejecutivo para suspender a la magistrada Fanny Coaquira, según señaló en una declaración ampliatoria.
Foto: captura pantalla
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“Se ha hecho la solicitud (de protección) con la ampliación de la declaración, porque esto iba a denotar muchos elementos que no solamente han perjudicado al doctor Lea Plaza en el sentido que lo han amenazado, (también) han amenazado a la defensa técnica, porque (el caso) se encuentra en la esfera de altos niveles, es tal la presión que hoy por hoy tenemos al único detenido preventivo, creo que la doctora Castro va a ser cautelada, y tenemos un exministro que está dilucidando en la nebulosa de lo incierto estableciendo elementos que no forman parte de la verdad material”, afirmó.
En la declaración ampliatoria prestada por Lea Plaza, identificó al magistrado suplente Iván Campero, a la vocal Claudia Castro y al exministro de Justicia, César Siles, como los autores de la coacción para que emita un fallo contra la magistrada electa Coaquira con el fin de que el primero asuma la titularidad en el TSJ; se refirió también a que fue llamado a reuniones donde se le aseguró que la destitución de la titular ya estaba definida, además de las llamadas y mensajes qué recibió, entre esos, el audio filtrado de una conversación con Siles.
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La jurista ratificó que la vida del juez Lea Plaza corre peligro, porque recibió amenazas en las celdas policiales en la fuerza anticrimen. “En principio le dijeron que le iban a comprar una celda en el penal de San Pedro y que, si no aceptaba no sacar este audio, pues en ese penal ya lo estaban esperando para quitarle la vida”, relató Lanza, quien, entre líneas, confirmó que su defendido fue quien entregó la grabación en cuestión. El acusado sufrió una descompensación y se encuentra internado en un centro médico, en estado delicado.
Ante esta situación, la abogada reiteró que su defendido debe ser declarado testigo protegido. “No solo está en riesgo su salud, sino también su integridad física y su vida. Exigimos garantías para que pueda declarar con seguridad”, insistió, para afirmar que, además de los otros cuatro implicados en el denominado caso Consorcio, existen otros nombres que son investigados por el Ministerio Público, que no pueden ser dados a conocer porque el proceso fue declarado en reserva.
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Según la declaración del exjuez, la presión comenzó semanas antes del fallo. Castro lo contactó para informarle sobre una supuesta irregularidad en la postulación de Coaquira y lo instó a tramitar la acción en Coroico; es más, habría redactado el documento de la resolución que firmó Lea Plaza. La exvocal espera su audiencia cautelar al igual que Campero, quien fue aprehendido la pasada jornada. El exministro Siles y el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (TDJ), Yván Córdova, aún no prestaron su declaración ante el Ministerio Público.
Este caso se enmarca en la investigación del denominado caso Consorcio, que detonó al ser divulgado un audio en el que supuestamente Siles conversa con Lea Plaza la posible destitución de la magistrada Coaquira, en la conversación también habría participado Yván Córdova. La Fiscalía inició investigaciones bajo sospechas de una red ilegal entre abogados, jueces, vocales y, posiblemente autoridades gubernamentales, con el objetivo de manipular decisiones judiciales.