La normativa establece dos tareas clave: el agente encubierto y las entregas vigiladas de dinero hacia fines ilícitos, para identificar a los responsables.
eju.tv / Video: Bolivia TV
El Gobierno presentó este miércoles un anteproyecto de ley con el que busca modificar las técnicas de investigación en el Código de Procedimiento Penal y así salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Los ministros de Justicia y Economía advirtieron que si la norma no es aprobada, en dos años Bolivia pasará a la lista negra del organismo.
«Las consecuencia de no aprobar esta normativa es que se va a ratificar en dos años que podamos pasar a la instancia de lista negra, tenemos dos años para salir de esta categorización de lista gris», afirmó en conferencia de prensa el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
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Bolivia y las Islas Vírgenes Británicas fueron oficialmente incluidas en la lista gris del GAFI porque el país tiene «deficiencias estratégicas» en la acción contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Por eso el Gobierno trabajó una normativa que pide a los legisladores aprobar, la cual implementa las técnicas de investigación para evitar el flujo de recursos hacia actividades ilícitas.
«(Con la norma) se podrán agilizar las investigaciones, existen ciertas técnicas investigativas que permiten la oportunidad y dentro de la investigación de estos delitos es un tema fundamental hacerlo de manera oportuna para no perder el rastro de los verdaderos responsables», señaló la ministra de Justicia, Jessica Saravia.
La normativa establece dos tareas clave: el agente encubierto, referido a la intervención de agentes de Policía especializados y provistos de una identidad falsa, cuyo fin consiste en colectar mayor información del hecho investigado. Por otro lado, las entregas vigiladas, que tienen como finalidad hacer el seguimiento de una remesa ilícita para que ésta llegue a su destino sin ser interceptada para identificar a los responsables de los delitos.
«Va a ayudar a infiltrarse en redes criminales a partir de las cuales se pueda establecer las transacciones que se va a realizar, va a rastrear flujos financieros ilícitos, identificar beneficiarios finales, logrando como máximo desmantelar las organizaciones que están dedicadas a este tipo de actividades ilícitas», señaló la titular de Justicia.