El presidente defendió la legalidad de la operación y dijo no temer investigaciones: “Quien quiera investigar a mis hijos, no tengo ningún problema”.
eju.tv / Video: FPG
El presidente Luis Arce Catacora confirmó que su hijo, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, de 24 años, adquirió una propiedad agropecuaria en el municipio de Cuatro Cañadas, Santa Cruz, por un valor de tres millones de dólares, a través de un crédito otorgado por el Banco Ganadero; de esa manera, respondió a la creciente polémica generada tras revelaciones sobre esta operación inmobiliaria, que motivó pedidos de fiscalización por parte de la oposición y la opinión pública.
“Esa propiedad se compró a través del Banco Ganadero. Mi hijo lo compró directamente. Hay mucha politización detrás de esto, dijo el mandatario, quien además enfatizó que se trata de tierras privadas y no fiscales, debido a que la propiedad en cuestión ya estaba en plena producción por parte de un empresario. “Quien quiera investigar a mis hijos, no tengo ningún problema”, agregó de manera contundente.
La polémica se generó después de la filtración de documentos de Derechos Reales y financieros sobre la compra de más de 2.100 hectáreas de tierras agrícolas ubicadas en los municipios de La Guardia y Cabezas, Santa Cruz. Los informes indicaban que la adquisición había sido realizada por Marcelo Arce Mosqueira a nombre de una empresa que se había creado poco antes para llevar a cabo actividades agroindustriales.
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Foto: captura pantalla
La propiedad pertenecía al empresario agropecuario Pablo V., quien confirmó que la venta se concretó por un valor de tres millones de dólares. La operación fue registrada en Derechos Reales y financiada, según los documentos, con un crédito empresarial otorgado por el Banco Ganadero, en condiciones no detalladas públicamente, lo que fue confirmado por Arce al Programa Fama Poder y Ganas la mañana de este jueves.
El hecho generó cuestionamientos debido a la edad del comprador y su vinculación directa con el presidente del Estado. Legisladores de Comunidad Ciudadana y Creemos solicitaron a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que verifiquen si la transacción cumple con las leyes y si hubo un posible tráfico de influencias.
En descargo, Arce Catacora sostuvo que el crédito fue otorgado conforme a los estándares que contempla el sistema financiero boliviano para ese tipo de emprendimientos, los cuales están basados sobre todo en la rentabilidad del proyecto presentado. “En ese tipo de proyectos interesa la rentabilidad, eso evalúa el banco para ver si se puede financiar, se da por el flujo que va a generar el proyecto”, explicó. Además, aseguró que la compra no tiene ningún vínculo con tierras fiscales ni irregularidades en el origen de los fondos: “No es una tierra del Estado, era de una persona que estaba produciendo”.
Foto: captura pantalla
Una de las principales observaciones de los asambleístas de la oposición y del ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) fue al supuesto ejercicio del poder para lograr réditos personales en alusión a que Arce Mosqueira es hijo del mandatario, además de la edad del cuestionado, 24 años, porque accedió a un crédito de esa magnitud sin contar con antecedentes empresariales visibles o patrimonio declarado.
Un informe de la Fundación Tierra da cuenta que el predio ‘Adán y Eva’ se encuentra entre los municipios de La Guardia y Cabezas del departamento de Santa Cruz, dentro de una zona de alto valor comercial para la expansión de monocultivos, por lo que los precios de mercado oscilan entre 2.000 y 3.500 dólares por hectárea. Adicionalmente, además del valor de la transferencia, el desarrollo productivo de este tipo de propiedades requiere inversiones iguales o mayores por cada hectárea para cubrir los costos de desmonte, habilitación, siembra, uso de semillas transgénicas, agroquímicos, cosecha, almacenamiento y empleo de tecnología mecanizada.
Según consta en el sistema de catastro rural de acceso público -según Tierra- la propiedad, al momento de la titulación (año 2015), fue clasificada por el INRA como “Empresarial” y el uso del suelo calificado como “Agrícola”. Sin embargo, la zona donde se encuentra el predio tiene estrictas medidas de protección establecidas en el Plan de Uso del Suelo (PLUS) de Santa Cruz. La propiedad está dentro de la categoría de Bosque de Conservación y Manejo sostenible (categoría B-C) y bajo la clasificación de Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP).