Seis muertes confirmadas, tres de ellas por arma de fuego, refuerzan la hipótesis del gobierno y de los expertos; además de ello, está también la interrogante sobre el origen del financiamiento de los bloqueos.
Sectores afines a Evo Morales bloquean desde hace dos semanas. Foto: Oxígeno.
Los bloqueos de los afines a Evo Morales que afectan al país desde el 2 de junio mostraron niveles de violencia sin precedentes en los últimos años, con enfrentamientos que ya han dejado al menos seis muertos confirmados, entre ellos tres policías, un bombero y dos civiles; escenario de convulsión al que se sumaron la presencia de grupos armados y una presunta injerencia del narcotráfico, que agravaron el clima de alta tensión política previo a las elecciones generales convocadas para el 17 de agosto.
Las movilizaciones de los seguidores de Morales comenzaron a gestarse a mediados de mayo, impulsados al conocerse su inhabilitación como candidato presidencial por decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia que también ratificó la cancelación de la personería jurídica del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) la organización política con la que pretendía ser inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En esa fase, ya hubo bloqueos esporádicos sobre todo en el trópico de Cochabamba.
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Sin embargo, la situación se tornó crítica a partir del 10 de junio, cuando las medidas de presión se radicalizaron en los departamentos de Potosí y Cochabamba. Los violentos enfrentamientos en Llallagua donde se emplearon armas de fuego, dinamita y otros artefactos explosivos. El Ministerio de Gobierno confirmó entonces la muerte de tres policías y un bombero, todos durante acciones vinculadas a la contención de las protestas. Posteriormente, se conoció el fallecimiento de un estudiante de 17 años a consecuencia de estos hechos.
El velorio de un comunario alcanzado por un proyectil calibre 22, según la autopsia. Foto: RRSS
En el lado de Cochabamba, hubo dos muertes confirmadas, un teniente de Policía, al que lo victimaron producto de la detonación de explosivos en su cuerpo; este hecho ocurrió en la zona de Confital; en tanto, en Tacopaya, también en el área andina de ese departamento, un comunario que era parte de los grupos movilizados falleció producto del disparo de un arma de fuego, según el informe del Ministerio de Gobierno.
Además de estas muertes, hay otra que es investigada para definir si fue producto de los enfrentamientos, se trata de Samuel Cruz Gutiérrez, un joven de 19 años, quien -según los comunarios- participaba en los cercos, pero, hasta la fecha no hay un reporte oficial al respecto. De confirmarse, se trataría de la séptima víctima de unas movilizaciones que escalaron de manera rápida hasta desembocar en el saldo trágico. A ello, se suman los decesos colaterales del conflicto, como las tres personas que perdieron la vida en un accidente producto de los cercos, o por la imposibilidad de traslado de enfermos a centros de salud.
Según el informe qué brindó la ministra de Salud, María Renée Castro, 203 personas resultaron heridas producto de los conflictos sociales. “De estas, 108 son policías, 16 es personal de salud y hay 79 civiles. Los diagnósticos están principalmente referidos a politraumatismo, traumatismos craneoencefálicos leves, moderados y graves. También se han atendido fracturas, heridas de bala, así como otro tipo de fracturas en rostro”, señaló.
Los denominados ‘cazabobos’ fueron utilizados en las movilizaciones. Foto: Min. Gobierno
La cantidad de fallecidos y heridos demuestra la virulencia con la que supuestamente reaccionaron los afines de Evo Morales, entre quienes, siempre según la información oficial, habría gente ligada a actividades del narcotráfico. La aseveración se apoya en el hecho que todos los decesos por disparo de arma de fuego fueron producto de balas con un calibre que no es utilizado ni en la Policía Boliviana, ni en las Fuerzas Armadas.
Además de ello, en el caso específico de Llallagua, una vez que militares y policías retomaron el control de la zona, en las acciones de rastrillaje, La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), encontró 63 viveros de marihuana en la región de Lagunillas, a 25 kilómetros del centro minero. Según las estimaciones, la superficie cultivada y el tamaño de las plantas representaban 14 toneladas; con un valor que sobrepasaría los 2 millones cien mil dólares.
Cada uno de los 63 viveros tenía una dimensión de 20×40 metros, es decir 800 m² de superficie en total, de los cuales 20 se encontraban en proceso de cosecha y 43 estaban activos con plantas de una altura promedio de 2 metros, lo que refuerza la denuncia del Gobierno de Arce Catacora, que afirma que uno de los aspectos más delicados de la crisis es la presunta participación de redes vinculadas al narcotráfico y al contrabando en la organización de algunos bloqueos.
Los viveros encontrados en Lagunillas, cerca de Llallagua, fueron incinerados. Foto: APG
Tras el restablecimiento del orden público en Llallagua, en Potosí, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó la noche del viernes sobre un importante operativo antidrogas desarrollado en la comunidad de Lagunillas, ubicada a 25 kilómetros de esa localidad.
“El uso de dinamita, el nivel de armamento y el financiamiento de las movilizaciones muestran una estructura que va más allá de una protesta social espontánea”, afirmó la pasada semana el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, quien apuntó que parte del financiamiento podría provenir de esas actividades ilegales, aunque hasta ahora no se ha presentado una investigación fehaciente que confirme esa hipótesis.
Las regiones señaladas por la presencia de actores armados y ‘grupos irregulares’ son el trópico de Cochabamba, zona identificada como área de cultivo ilegal de hoja de coca, donde además se concentra la mayor parte de laboratorios y fábricas de cocaína, según los datos oficiales desde hace décadas; así como la región del norte de Potosí, lugar de trasiego de la droga hacia Chile y de la importación ilegal de vehículos, en muchos casos como pago del suministro de lo alcaloides, tal cual muestran las investigaciones hechas por las autoridades y también por el país vecino.
El abogado y coronel en servicio pasivo Jorge Santistevan tiene la misma percepción, en una entrevista brindada al programa La Hora Pico de eju.tv denunció que el origen del financiamiento de las movilizaciones evistas proviene de la ilícita actividad; incluso, aseguró que existen fundamentos y evidencias que vinculan a redes criminales con la desestabilización política que atraviesa el país. “El otro tema es el narcotráfico, el dinero que está manejando toda la movilización”, manifestó.
Varios de los productos se dañaron por los bloqueos. Foto: Unitel
Santistevan explicó que, según sus propios cálculos, el gasto diario en movilizaciones asciende a cifras millonarias, porque, a una aproximación de 350 bolivianos de pago por día de bloqueo, afirmó que, por lo menos, supone un gasto de 500 mil dólares por día en los momentos más álgidos de lo cercos. “Cerca de 10 días, 5 millones de dólares. Ese es mi cálculo, que lo he sacado con mucho detalle”, explicó en esa oportunidad, para precisar después es el dinero del narcotráfico el que financia la desestabilización del gobierno.
Las protestas, impulsadas por los sectores evistas, han desafiado la autoridad del Gobierno de Luis Arce y la institucionalidad democrática. Morales ha insistido en que su inhabilitación es ‘inconstitucional’ y ha convocado a una ‘movilización permanente’ hasta revertir la medida. En las pasadas horas, el Pacto de Unidad Evista y el autodeterminado Estado Mayor del Pueblo determinaron una ‘pausa humanitaria’ en la medida; no obstante, esta semana inició con siete puntos de bloqueo, todos ellos en Cochabamba.
Los bloqueos de este año, a diferencia de los otros dos de 2024, no solo exponen el incremento de la pugna en el masismo, sino que también encienden las alertas sobre el uso de la violencia organizada y el posible involucramiento de actores ajenos al orden democrático. La pérdida de vidas humanas, las denuncias de infiltración del narcotráfico y la persistente amenaza al orden constitucional perfilan una crisis que ya desborda el terreno político y se aproxima peligrosamente a un conflicto de seguridad nacional.