La ministra Saravia enfatizó que las penas actuales no son proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos por adolescentes y explicó que existen casos donde un menor comete una violación seguida de infanticidio y recibe solo seis años.
La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por el anteproyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia, que propone modificar el artículo 268 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) con el objetivo de incrementar las penas para adolescentes entre 14 y 18 años.
“El castigo perpetúa la exclusión”, advirtió la Defensoría al considerar que esta iniciativa representa un retroceso en materia de derechos humanos y justicia juvenil restaurativa.
La propuesta legislativa plantea diferenciar las sanciones por rango etario, con penas de hasta 12 años para adolescentes de 14 a 16 años y de hasta 18 años para los de 16 a 18, en casos de delitos graves como asesinato o violación. Según la Defensoría, esto vulnera el principio del interés superior del niño, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales y contradice el enfoque del CNNA que prioriza las medidas socioeducativas por encima del encarcelamiento.
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El régimen de responsabilidad penal para adolescentes fue diseñado en coherencia con estándares internacionales como las Reglas de Beijing y la Observación General N.º 24 del Comité de los Derechos del Niño, argumentó el ente defensorial. Ambos instrumentos recomiendan no aplicar sanciones equivalentes al sistema penal de adultos y señalan que la privación de libertad debe ser excepcional, de corta duración y orientada a la reintegración social del joven.
Asimismo, el Tercer Reporte del Observatorio Defensorial Judicial y Fiscal evidenció que los adolescentes privados de libertad enfrentan contextos estructurales de abandono, violencia, pobreza y exclusión. En este escenario, la Defensoría advierte que endurecer las sanciones sin atender las causas estructurales del conflicto penal juvenil solo refuerza el ciclo de marginación y castigo, por ende, debilita el enfoque restaurativo.
Frente a esta situación, la institución exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a no aprobar reformas que vulneren principios constitucionales e internacionales. Además, pidió al Ministerio de Justicia reorientar su propuesta legislativa y convocar una mesa técnica interinstitucional para evaluar el Sistema Penal para Adolescentes (SPA) desde un enfoque integral y de derechos humanos.
Por su parte, ayer la ministra de Justicia, Jessica Saravia, justificó la propuesta y argumentó que “desde 2019 a 2024 se reportaron casi 4.000 casos que involucran a adolescentes”, de los cuales más del 50% estarían relacionados con delitos contra la vida, como asesinato, infanticidio o violación. “En muchos casos, las víctimas también eran menores”, señaló.
Saravia indicó que, según su revisión, las penas actuales no son proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos por adolescentes. La autoridad explicó que existen casos donde un menor comete una violación seguida de infanticidio y recibe solo seis años. La propuesta ya fue enviada al Legislativo para su tratamiento y debate.