Al menos 50 muertes están relacionadas con el líder cocalero, desde que asumió la presidencia del país hasta los sucesos recientes ocurridos en Llallagua y Cochabamba; empero, nunca fue procesado por ninguno de estos hechos.
Tres personas murieron en el hotel Las Américas. Foto: El Deber
Evo Morales vuelve a ocupar un lugar central en la crisis política y social que atraviesa Bolivia; a la movilización de sus seguidores iniciada por su inhabilitación como candidato presidencial, que deja al país en una virtual debacle financiera; se suman las acusaciones del gobierno, de la oposición y de otros sectores de la sociedad civil como el más probable autor intelectual de los hechos de violencia, que provocaron la muerte de al menos seis personas en enfrentamientos en el norte de Potosí y Cochabamba.
Las percepciones sobre Morales son muy disímiles; existe un sector en las área periurbanas y rurales, con algunos atisbos también en clases medias de tendencia progresista, que ven en el expresidente a un líder innato que recoge el sentimiento y las necesidades de los sectores más empobrecidos del país, además de atribuirle la década de bonanza en el país que permitió la disminución ostensible de los bolsones de pobreza. Aunque, en la última época, ese respaldo decreció por el apego desmedido del exmandatario al poder, que provocó una ruptura del Movimiento al Socialismo (MAS) en tres corrientes.
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Sin embargo, existe otro grupo de la población, sobre todo urbano, que responsabiliza al exmandatario por haber dilapidado la mejor época que tuvo Bolivia para salir del círculo de pobreza, diversificar su matriz económica y potenciar su aparato productivo, que permitan a la nación tener la estabilidad económica, ingresar en la ruta del desarrollo sostenible y mejorar los indicadores de Desarrollo Humano; en cambio -dicen los detractores- se incrementó al aparato burocrático estatal, se adormeció a la sociedad con la política de bonos y se destruyó la institucionalidad democrática.
Evo Morales se mostró contrario a los bloqueos. Foto: RRSS
En ese sentido, una de las críticas recurrentes que se le hace a Evo Morales es el haber cooptado a los otros órganos del Estado, que le permitieron gobernar sin oposición política ni social, implementar políticas públicas que beneficiaron solamente a sus acólitos, reproducir las actitudes despóticas de sus aliados del denominado Socialismo del Siglo XXI y conformar un escenario de corrupción, impunidad y atentatorio a los derechos humanos; acusaciones que quedaron en ello, porque al tener el supuesto control de todo el aparato estatal, no prosperaron.
La identificación de Evo Morales como promotor de la violencia reflotó debido a los bloqueos protagonizados por los afines al líder cocalero, que inisten en su repostulación pese a que pesa sobre esa intención una prohibición constitucional expresa, los cuales derivaron la pasada semana en una escalada de violencia. En Llallagua, norte de Potosí, el ataque de los bloqueadores a las fuerzas del orden y la población del centro minero dejaron como saldo tres policías muertos en una emboscada registrada la madrugada del 11 de junio; posteriormente, un estudiante de 17 años falleció producto de los golpes recibidos en las agresiones. A esto se suma el fallecimiento de otro policía y un civil durante los intentos de desbloqueo en la carretera Cochabamba – Oruro.
El Gobierno ha denunciado públicamente la ‘brutalidad’ con la que actuaron las huestes del exmandatario en las rutas y ha instruido a la Fiscalía la identificación de los autores materiales e intelectuales de estos hechos. Si bien no hay una imputación formal en su contra, líderes políticos del oficialismo y la oposición apuntan a Evo Morales como el instigador político de los bloqueos y de la escalada de la violencia, dadas las consignas lanzadas en sus redes sociales y las declaraciones públicas en las que llama a la resistencia a los desbloqueos y a la masificación del conflicto que denominó como ‘la batalla final’ para lograr su cometido de ser nuevamente candidato presidencial en las elecciones nacionales de agosto venidero.
Los bloqueos suman quince días y provocaron un daño enorme a la economía. Foto: RKC
A lo largo de su administración del Estado, Morales ha sido señalado por diversos sectores y organismos por haber incurrido en presuntas violaciones a los derechos humanos. El primero de ellos es el de La Calancha, Sucre, ocurrido entre el 23 y 25 de noviembre de 2007, durante las protestas originadas por el descontento popular contra la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y el traslado de la sede de Gobierno. La represión policial dejó 3 muertos y unos 300 heridos, evidentemente, hubo acusaciones del uso desproporcionado de la fuerza, pero los policías investigados no fueron sentenciados, porque alegaron que cumplieron con la cadena de mando. Morales no fue imputado.
Posteriormente, Bolivia experimentó uno de los episodios más conflictivos de su historia reciente, cuando se produjo la masacre de Porvenir, acaecida el 11 de septiembre de 2008, que dejó al menos 13 muertos en enfrentamientos entre campesinos afines al Movimiento al Socialismo (MAS) y funcionarios de la entonces prefectura opositora de Pando. Aunque la investigación responsabilizó directamente al exprefecto Leopoldo Fernández, sectores críticos apuntaron a una estrategia de confrontación impulsada desde el Ejecutivo.
La advertencia del entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien a modo de sentencia se dirigió a Fernández y le dijo: “Prefecto Fernández, que en paz descanse y conviva con los gusanos”, antecedió a los luctuosos acontecimientos acaecidos en esa población pandina. Quintana, hombre de profunda cercanía a Morales hasta la fecha, no fue investigado y menos procesado por los hechos conocidos como el ‘Plan Quintana’, el cual habría tenido el aval del exmandatario.
Quintana advirtió a Leopoldo Fernández en 2008. Foto: RRSS
El caso del Hotel Las Américas, hecho que aconteció la madrugada del 16 de abril de 2009, cuando un grupo élite de la Policía ingresó a ese hospedaje para detener a un supuesto comando conformado por bolivianos y extranjeros que planificaban atentar contra la seguridad del país, como una campaña promovida de la denominada ‘Media Luna’ para la escisión del país. En el operativo, que no contó con la participación del Ministerio Público, murieron tres extranjeros y se detuvo a dos personas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó el año pasado que en el operativo del hotel Las Américas el Estado violó los derechos a la vida de las víctimas y exigió procesar a los responsables. Además, el organismo independiente recomendó al Estado reparar las violaciones de derechos humanos mediante compensación económica y medidas de satisfacción para reparar tanto el daño material como inmaterial. El caso se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La CIDH cuestionó irregularidades en la operación y recomendó seguir investigaciones, las cuales no fueron atendidas por la Fiscalía, que retiró los cargos contra los uniformados y funcionarios gubernamentales años después. Morales ha sido directamente vinculado al ‘Caso terrorismo, como fue denominado, que provocó una persecución judicial contra varios líderes de la oposición de ese entonces. A la fecha, no se ha dictado ningún fallo condenatorio ni se piden medidas coercitivas en su contra por este caso.
Porvenir vivió uno de los momentos luctuosos de su historia. Foto: RRSS
Otro de los casos emblemáticos fue la marcha de los indígenas de tierras bajas de Beni. Esta movilización fue crucial para evitar que el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) fuera dividido para la construcción de una carretera. En la octava marcha indígena, se exigió diálogo con el gobierno de aquel entonces, pero en su lugar, el 25 de septiembre de 2011, ancianos, mujeres y niños fueron gasificados, maniatados y golpeados.
La represión policial causó más de 100 heridos, con denuncias de detenciones, torturas y vejámenes a mujeres y niños. El caso fue conocido como la masacre de Chaparina. En 2022, tres generales policiales fueron condenados a dos años y ocho meses de reclusión, mientras que Morales y el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, directamente responsable del operativo, no fueron imputados. El caso también fue admitido por la CIDH para su tratamiento.
Respecto a las masacres de Sacaba y Senkata, si bien estos hechos ocurrieron tras la renuncia de Morales, en medio del vacío de poder que dejó su salida del país, existen denuncias sobre su responsabilidad política al haber alentado a la movilización, tal cual se escucha también en un audio atribuido a su persona en el que llamaba a no dejar pasar comida a las ciudades. En Sacaba, Cochabamba, murieron 11 personas; y en Senkata, en El Alto, al menos 10. La CIDH calificó ambas como masacres, el exjefe de Estado no ha sido imputado por estos casos.
En Senkata y Sacaba hubo 21 personas fallecidas. Foto: Abya Yala
Actualmente, Evo Morales se encuentra parapetado en su bastión de Lauca Eñe, en el trópico de Cochabamba, debido a que enfrenta una acusación por trata de personas con agravante. Una de las investigaciones más mediáticas se centra en su presunta relación con una adolescente cuando era presidente del Estado, fruto de la cual habría nacido una niña cuando su pareja tenía tan solo 16 años. La causa sigue sin posibilidad de avanzar, aun cuando existe una orden de aprehensión en su contra, y ha sido calificada por sus sectores afines como un ‘montaje político”.
Asimismo, el Ministerio Público ha abierto la investigación para esclarecer las recientes muertes registradas en Llallagua y en Cochabamba. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que se indaga la cadena de mando detrás de la emboscada en Potosí y los hechos violentos en la ruta al occidente. Aunque no se han emitido órdenes de aprehensión contra Morales u otros líderes políticos y sociales, el Gobierno insiste en que ‘nadie pude estar por encima de la ley’, en alusión a la supuesta responsabilidad del líder cocalero.
Por su parte, Morales, desde el Chapare, ha rechazado las acusaciones. En recientes declaraciones, denunció una supuesta ‘violencia selectiva del Gobierno’ y calificó los operativos policiales como ‘brutales represiones contra el pueblo movilizado’. Sus seguidores han paralizado regiones clave del país, provocando desabastecimiento, pérdidas económicas y enfrentamientos que dejaron al menos seis víctimas fatales, producto de la sed insaciable de poder que tiene el líder cocalero.