Quien controla al Tribunal Constitucional, accede al corazón para eliminar la independencia e imparcialidad en la justicia. Debería ser lo contrario, en tiempo de crisis democrática, en que surgen amenazas de tumbar al gobierno, intimidar a vocales del Tribunal Supremo Electoral, advertir con impedir las elecciones generales si no se inscribe a Evo Morales, y las acciones de amparo, cumplimiento y demandas administrativas ante el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para eliminar personerías jurídicas de organizaciones políticas, generan situaciones de conspiración contra la institucionalidad democrática, incertidumbre si habrá elecciones generales plural y transparente el 17 de agosto, y el Estado se hunde si no toma medidas para redelinear su política de seguridad jurídica y garantía efectiva de los derechos políticos, sociales y económicos de la sociedad boliviana.
La gente está en las calles reclamando más alimentos en los mercados, los productores demandan suspenda el veto a la exportación de productos, los gremiales y todos los sectores productivos le exigen controlar el contrabando, los transportistas anuncian paro por falta de carburantes y no soportan las noches de desvelos en los surtidores, los niños, jóvenes y padres de familias se dan modo para desplazarse desde sus domicilios a los establecimientos educativos; sin embargo, el presidente, no sale de la Casa Grande del Pueblo, para medir el termómetro social de las marchas por situación de miseria y pobreza.
El informe del FMI entre los indicadores económicos destaca para el 2025 que Bolivia tendrá un crecimiento de 1,10%, inflación 15,60%, saldo cuenta corriente menos 2,5% y desempleo 5,10%. Advirtió sobre un grave deterioro de la economía boliviana y alertó sobre un ajuste desordenado con graves repercusiones si la política económica no cambia.
El experto en hidrocarburos Mauricio Ríos ha declarado que quien llegue a administrar el Estado debe aplicar medidas Shoeck respecto a la subvención de carburantes, empresas estatales y la gente tiene que aguantar el impacto al menos por un año. Estas medidas shoeck son válidas para el modelo democrático de elección judicial para los órganos judiciales, que del desencanto de sus propios impulsores ha pasado a la tragedia de subordinación de la justicia al poder político. No olvidemos, que el control de los poderes no es solo una tragedia, sino también una señal, para que los Estados entiendan la lógica de desconectar la influencia o, están condenados a la irrelevancia en sus decisiones y censura ciudadana.
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La obra irrelevante del TCP ha sido interpretada por doctrinarios como una farsa por su nivel máximo de subordinación al poder político en la que no se salvaron los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). ¿Por qué farsa? Porque anularon la fiscalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para interpelar a los ministros del gobierno vulnerando la potestad constitucional de senadores y diputados para ejercer el derecho y deber de fiscalización del poder ejecutivo, y se inventaron la institución de la autoprórroga mutando la Constitución, como si el burro se cabalgara sobre el jinete y este no entendiera las consecuencias de la carga.
En contexto, la Sala Cuarta Especializada del TCP mediante SCP 0770/2024-S4 de 4 de noviembre, declaró desierta la convocatoria a Magistradas y Magistrados para el TSJ en los departamentos de Beni y Pando y para el TCP en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Beni, Pando y Tarija.