El Ministerio de Economía sostiene que Bolivia cumplió el 90% de las recomendaciones del organismo, pero el bloqueo político a la Ley 1386 impidió cerrar observaciones clave y derivó en su inclusión bajo vigilancia reforzada.
El Gobierno central, a través del Ministerio de Economía, afirmó este viernes que el país cumplió con más del 90% de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pero que su inclusión en la denominada “lista gris” responde a un “sabotaje” contra la aprobación de leyes claves para combatir la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo, desde el 2021.
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«Bolivia cumplió con más del 90% de las acciones recomendadas por el GAFI, hecho que fue resaltado por los representantes del organismo internacional, sin embargo, en 2021, como efecto de la desinformación, politización y sabotaje movilizado, se evitó la entrada en vigor de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo 1386 con la que se cumpliría con los requisitos internacionales necesarios dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social del Estado (PGE-2024)», señala un comunicado del Ministerio.
La posición del Ejecutivo surge luego de que el GAFI, organismo internacional que lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, informó que en su plenaria conjunta con MONEYVAL, realizada en Estrasburgo, Francia, la inclusión de Bolivia e Islas Vírgenes Británicas en su lista de países bajo vigilancia reforzada.
Señalan que desde el 2021, el Gobierno viene alertando sobre las consecuencias de dejar sin efecto esta ley, que formaba parte de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, advirtió en reiteradas ocasiones que Bolivia corría el riesgo de ser incluida en la “lista gris” si no se concretaba la reforma legal.
En la plenaria, Bolivia se comprometió formalmente a subsanar las deficiencias en el menor tiempo posible, priorizando una ley que permita a las autoridades investigar delitos complejos como el narcotráfico, la corrupción y el lavado de dinero. Asimismo, el GAFI instó al país a reforzar el control sobre sectores como los agentes inmobiliarios, abogados y contadores, y garantizar la transparencia en la titularidad de bienes.
