El jurista tenía en su poder sellos de instituciones y autoridades judiciales; la investigación señala que suspendió a Fanny Coaquira para habilitar a Iván Campero.
eju.tv / Video: DTV
El juez de Instrucción Penal de Coroico, Marcelo Lea Plaza, fue imputado formalmente por cinco delitos tras haber suspendido de manera irregular a la magistrada electa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, ya que el Ministerio Público lo acusa de actuar fuera de su competencia; durante su aprehensión se le encontraron sellos de distintas instituciones judiciales, documentos firmados en blanco y otros elementos que agravan su situación, señaló el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez.
La medida judicial contra Coaquira fue dictada por Lea Plaza a raíz de una acción de cumplimiento presentada por el ciudadano Antonio de la Fuente Amelunge, quien denunció presuntas irregularidades en la declaración de méritos de la magistrada. Según De la Fuente, Coaquira afirmó haber ejercido la docencia universitaria, pero la casa de estudios superiores mencionada negó haberla tenido como docente. El juez justificó su decisión en sentido que la supuesta omisión distorsionó la percepción de los votantes en la elección judicial de diciembre de 2023.
Foto: captura pantalla
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“Esta determinación se basaba en que la magistrada no había presentado una documentación referida a la docencia universitaria que, en este caso, no habría sido verificada, bajo esos antecedentes se habría sometido esta situación con una respuesta por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que había dado por agotada la instancia de reclamo que había surgido en ese instante; el accionante que presentó la acción de cumplimiento habría utilizado una declaración jurada notarial y documentación de respaldo para ser habilitada y la cual no sería valedera”, explicó acerca del recurso presentado por De la Fuente.
Debido a ello, al tomar conocimiento de la suspensión dispuesta por Lea Plaza, el representante del Consejo de la Magistratura (CM) presenta la denuncia ante la fiscalía por el hecho y se activa la investigación correspondiente y la Policía anticorrupción procede al arresto de la autoridad jurisdiccional e inicia la requisa en la oficina del tribunal de Coroico, donde además de colectar pruebas sobre el caso, se verifica que tenía en su poder sellos del CM, de otras autoridades judiciales, y documentos en blanco, pero que estaban firmados, elementos que los investigadores estiman que podrían estar vinculados a otros presuntos actos irregulares del juez de Coroico en el ejercicio de sus funciones.
Foto: captura pantalla
“Sellos de otras instituciones como la Policía Boliviana, de la Unidad Anticorrupción, de vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura, papeles firmado en blanco, con firma de abogado y parte interesada y ,además, una serie de elementos con relación al objeto de netamente del cuaderno de la acción constitucional, en la que había una especie de bosquejo con una plantilla prediseñada con relación a la determinación que había asumido y un screenshot (captura de pantalla) en el que se le daban directrices de cómo debería fallar esta autoridad”, expuso.
La suspensión de Coaquira, según las pesquisas preliminares, habría tenido como finalidad habilitar al magistrado suplente Iván Ramiro Campero Villalba, quien también fue su jefe inmediato en una anterior ocasión, lo que genera sospechas de una posible manipulación para favorecer el ascenso a ese cargo del magistrado paceño dentro del TSJ. Por las pruebas encontradas es que se emitió la orden de aprehensión correspondiente y se trasladó al ahora imputado a las celdas de la fuerza anticrimen de La Paz.
Foto: captura pantalla
“Se emitió la imputación por el delito de tráfico de influencias, consorcio entre los responsables de servicios de justicia, falsificación de sellos, papel sellado y timbres y tenencia, porte y portación ilícita; es por eso que esta determinación del Ministerio Público ya se ha interpuesto ante la autoridad jurisdiccional y ante los riesgos procesales, el Ministerio Público está solicitando para esta autoridad jurisdiccional la detención preventiva por el plazo de seis meses, porque hay muchos actos investigativos pendientes”, precisó Tórrez.
En tanto, la Fiscalía no descarta ampliar la investigación a otros funcionarios del Órgano Judicial y del Consejo de la Magistratura que pudieran estar implicados. “Vamos a convocar a muchas más personas, en este caso, las autoridades de los sellos que le fueron encontrados a esta autoridad y evidentemente a una que otra autoridad del TDJ,”, anunció Tórrez, además de informar que también se convocará a René Iván Campero y que, al tratarse de un tema delicado, el caso fue declarado en reserva.
Foto: captura pantalla
La magistrada Fanny Coaquira fue electa como miembro del TSJ en los comicios judiciales realizados en diciembre de 2023, en un proceso que fue cuestionado por la intromisión del órgano Judicial en ese proceso electoral y que determinó que solamente se desarrolle de manera parcial en cinco departamentos. La reciente acción judicial en su contra, desacreditada por el accionar ilegal del juez Lea Plaza, reaviva el debate sobre la vulnerabilidad del sistema de justicia boliviano ante las presiones políticas y maniobras irregulares.