Tras la determinación judicial, los contratos de litio nuevamente podrán ser tratados en la Asamblea Legislativa. Las organizaciones indígenas están contra la determinación.
Los contratos por el litio siguen vigentes. Foto referencial
La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Lisa Claros, informó este jueves que la Justicia ha revocado las medidas cautelares que ordenaba la suspensión inmediata de los contratos de litio con una empresa rusa y china.
“Nos declaramos en emergencia como parlamentario de Potosí, ante la decisión de la Justicia que ha revocado las medidas cautelares de los contratos de litio. Esto significa que se seguirá vulnerando el derecho de los pueblos indígenas”, dijo la legisladora.
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La diputada Claros dijo que tras la orden judicial, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene luz verde para tratar los contratos.
“Se levanta las medidas cautelares, esto significa que el tratamiento de las leyes que están totalmente observadas va a continuar en la Cámara de Diputados”, dijo.
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Además, la legisladora dijo que en audiencia desarrollada este jueves en un juzgado de Potosí hubo aparente parcialización lo que influyó en el dictamen final.
“Se ha visto una participación totalmente agresiva contra los accionantes teniendo una parcialización por parte del juez. Lamentamos que la Justicia este permitiendo que se vulnere los derechos de los pueblos de Potosí”, dijo.
El 27 de mayo, la justicia emitió un fallo que ordena la suspensión inmediata de los contratos de litio con la empresa rusa Uranium One Group y el consorcio chino Hong Kong CBC.
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Además, la Justicia “instruyó a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y al Ministerio de Hidrocarburos a abstenerse de ejecutar cualquier obra o acción administrativa vinculada a estos contratos hasta que se resuelva el fondo del proceso y se garantice el cumplimiento de las normas sobre derechos humanos, ambientales y de la Madre Tierra”.
Esta acción fue impulsada por organizaciones campesinas y originarias del departamento potosino que argumentaron la vulneración a sus derechos.
En febrero de este año, la Cámara de Diputados decidió congelar el tratamiento de los contratos del litio hasta que concluya la socialización que impulsó una comisión del Gobierno.