Más allá de las pérdidas económicas, «hay un intento deliberado de dividir al país con tal de cumplir sus objetivos personales», afirmó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, se refirió a las consecuencias que dejan las protestas impulsadas por Evo Morales y sus seguidores y señaló que la «la convulsión y los bloqueos ya han causado pérdidas por más de $us 700 millones».
Los sectores productivos denunciaron que el bloqueo de caminos deja millonarias pérdidas a los actores de la cadena de suministro y del comercio exterior. De hecho, en medio de las protestas están parados varios camiones cargados con productos y mercancías.
«Desde el Gobierno Nacional rechazamos con firmeza estos actos. Evo Morales no está por encima de la ley. La población exige paz, elecciones transparentes este 17 de agosto y respeto a la Constitución», sostuvo.
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«Golpe»
Sectores evistas de movilizan para reclamar por la crisis económica que enfrenta el país, pero sobre todo para exigir la habilitación de Evo Morales como candidato en las elecciones generales del 17 de agosto pese a que los plazos ya se cumplieron y un fallo constitucional frena sus aspiraciones.
En ese contexto, exigen además la renuncia del presidente Luis Arce, de los vocales electorales y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
En ese marco, afirmó que «queda claro para todas y todos los bolivianos que esto no es una demanda social, sino una estrategia de confrontación que busca quebrar el orden democrático».
Candidatura
«Morales insiste en una candidatura inconstitucional y pretende, además, eludir los procesos judiciales en su contra. Por eso promueve la convulsión y los bloqueos, que ya han causado pérdidas por más de 700 millones de dólares», señaló Ríos en una publicación de Facebook.
No obstante, el ministro dijo que «el daño va más allá de lo económico: hay un intento deliberado de dividir al país con tal de cumplir sus objetivos personales».
Morales es investigado por la Fiscalía de Tarija por un caso de trata de personas por la supuesta relación con una menor de edad con quien tuvo una hija mientras gobernaba el país.