El presidenciable propuso “poner orden en todas las áreas”, incluyendo economía, salud, educación y justicia.
eju.tv
En medio del escándalo por el denominado caso consorcio que involucra al exministro de Justicia, César Siles, el candidato presidencial del MAS, Eduardo del Castillo, planteó hoy desde Santa Cruz una profunda reforma judicial. El país atraviesa una crisis institucional que solo puede resolverse con una transformación estructural del sistema legal, agregó.
“Para nadie es extraño decir que la justicia está brillando por su excelente gestión, sino todo lo contrario. Es uno de los pilares que hay que transformar. Necesitamos una revolución en la justicia, cambio de autoridades, pero también cambio de leyes”, declaró Del Castillo, en conferencia de prensa, al ser consultado sobre cómo debería encararse la investigación del caso consorcio.
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En las últimas horas, el Ministerio Público amplió la investigación del caso consorcio e implicó a Siles y al expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Yván Córdova, por los presuntos delitos de tráfico de influencias. La pesquisa se inició tras la filtración de un audio en el que Siles conversa con el juez Marcelo Lea Plaza, ahora detenido, para coordinar una acción judicial que destituya a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, y beneficie a Iván Campero, quien no logró su elección en los comicios judiciales.
Esta semana, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, denunció un plan sistemático para desestabilizar el Órgano Judicial y afirmó que existe un consorcio conformado por jueces, vocales y funcionarios. Debido a este escándalo, el presidente Luis Arce aceptó la renuncia de Siles y designó a Jessica Saravia como nueva ministra de Justicia.
Además de Siles, Lea Plaza y Córdova, quien también renunció y aseguró su inocencia, la vocal Claudia Castro fue aprehendida por su presunta participación. La Fiscalía investiga si existió coordinación con el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para legitimar el fallo. La red señalada por las autoridades judiciales habría operado con respaldo político y judicial para influir directamente en la composición del sistema judicial.