El miércoles 25 de junio, al terminar el Foro Agropecuario con los Candidatos Presidenciales, Klaus Frerking, representante de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), dijo: «Acaba de parir nuestro modelo económico y productivo para todo Bolivia». Una afirmación que, por supuesto, merece análisis.

Un nuevo modelo económico y productivo para Bolivia no puede basarse exclusivamente en las expectativas del sector agropecuario y, mucho menos, en el sector conocido como agronegocio, que es el sector empresarial.

La metodología del foro convino exposiciones puntuales y, posteriormente, un compromiso de los tres candidatos asistentes al evento, Tuto, Samuel y Manfred, en torno a 11 puntos de acuerdo.

Los expositores y los organizadores centraron sus argumentos en torno a las empresas estatales, coincidiendo en la necesidad de su privatización. Razón que se explica por su visión ideológica de la economía, y no de un diagnóstico técnico, económico, organizacional y productivo de dichas empresas.

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Es importante recordar que la privatización, aplicada en la década de los 80 y 90 del siglo pasado, se realizó en otro contexto. Primero hubo una política de estabilización de la economía, con la que se logró frenar la hiperinflación (1985). Hubo una reorganización de las empresas estatales, muchas de las cuales habían relocalizado a sus trabajadores (en realidad fueron despedidos).

Después de varios meses y años, se contaba con un presupuesto internacional para llevar adelante la privatización y la misma generó un posterior desarrollo económico, que significó un crecimiento promedio del 3% anual. Es decir, la privatización no logró un proceso extraordinario de crecimiento ni de inversión extranjera directa sustancial.

En el actual contexto de crisis que vive Bolivia, la privatización anunciada por la CAO y los tres candidatos presidenciales, ¿tendrá los componentes para generar un crecimiento productivo significativo? ¿o sólo se reducirá a una desvinculación de algunas empresas creadas durante el gobierno del MAS, sobre las cuales no se tiene expectativa alguna?

¿El nuevo modelo del que se habla es nacional? Es decir, ¿puede aplicarse como motor productivo para regiones como los valles, las zonas andinas y subtropicales? Definitivamente no. El desarrollo del agronegocio cruceño guarda relación con reiterados procesos de desarrollo que se tradujeron en décadas de inversiones estatales y privadas, centradas en los cultivos de girasol, arroz y otros productos, para terminar en la agroindustria aceitera y azucarera actual.

Otro aspecto que no quedó claro es si el sector agropecuario está dispuesto a cubrir los costos del levantamiento de la subvención de carburantes. No hubo un pronunciamiento claro al respecto; es decir, si los grandes demandantes de diésel para actividades agropecuarias están dispuestos a pagar el precio importado del producto. En todo caso, de forma distractiva, los candidatos hablaron de un diésel importado a cinco bolivianos, del retiro de la subvención y “el pago de un bono a las personas más afectadas con esta medida” (sic).

Muchas de las propuestas son parte de la Constitución Política del Estado y del marco normativo vigente, por lo cual su cumplimiento es un anuncio reiterativo. Como, por ejemplo, la titulación de tierras, la transitabilidad por las carreteras. La defensa de la propiedad privada o las acciones contra los avasallamientos, que comprometen la labor del Ministerio Público y de la justicia en general, cuya obligación es dar cumplimiento a las leyes.

Algunas propuestas son poco realizables o irrealizables, definitivamente. Por ejemplo, el uso irrestricto de transgénicos, la eliminación de políticas que garanticen el abastecimiento del mercado interno, el posponer cada 10 años la verificación de la función económica y social (FES) sobre la tierra y la eliminación de los carburantes de la lista de sustancias controladas, que fueron nombradas y votadas como resoluciones del Foro con los candidatos presidenciales.

Son propuestas que vulneran normas. Pueden ser consideradas ilegales y que no forman parte del interés general de la población. El trámite de muchas de estas propuestas pasa por modificar la misma Constitución Política del Estado, lo que plantea un hipotético escenario a mediano o largo plazo.

En conclusión: para hacer viable este “nuevo modelo económico y productivo” del agronegocio, el sector tendría que cogobernar, ya sea con Tuto, Manfred y/o Samuel. Situación que podría darse, sí sólo sí, a través del triunfo arrollador de alguno de estos candidatos. No así de un triunfo en segunda vuelta, con bancadas parlamentarias fraccionadas y una oposición masista tenaz, en sus diferentes vertientes; sin consensos con otros sectores productivos y con la población en general que no acepta nuevos pactos corporativos, que lo que quiere es alimentos a precios estables, razonables y abastecidos de forma regular.

Los transgénicos, la liberalización de las exportaciones, retirar el diésel y la gasolina de la Ley 1008 o dar mayores ventajas a los propietarios de las tierras sin ningún control estatal en épocas de incendios y contaminación, no son agendas ciudadanas y, por lo tanto, no tendrán el apoyo mayoritario de la población.