Fuente: El Diario
Asegurando que el país no pude seguir cediendo su soberanía digital a intereses políticos y geopolíticos, la asambleísta nacional por el departamento de Tarija, Mariela Baldivieso, presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) al Ministerio de Obras Públicas, para que esta instancia explique la falta de avances en la habilitación legal de los servicios de internet satelital de órbita baja en territorio nacional.
A través de sus redes sociales, Baldivieso reiteró su demanda hacia autoridades nacionales para que se garantice una conectividad libre, moderna y transparente en beneficio de todos los bolivianos.
En esa línea, la parlamentaria de oposición cursó una Petición de Informe Escrito relacionada al reiterado rechazo de la actual administración a los servicios de internet satelital de órbita baja.
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“He presentado una Petición de Informe al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, para exigir respuestas claras y transparentes sobre el rechazo a la operación de empresas como Starlink en Bolivia, así como sobre la falta de avances en la habilitación legal de los servicios de internet satelital de órbita baja”, anunció Baldivieso.
Explicó que este pedido responde a los indicios de posibles presiones diplomáticas que habrían condicionado estas decisiones como señala un artículo de The New York Times, en el que se menciona negociaciones con China para favorecer a empresas de ese país en este sector estratégico.
Afirmó además que, publicaciones en la red social LinkedIn por parte de un exdirector de la ATT señalan que ya se tenía lista una normativa que nunca fue promulgada por el gobierno para dar certeza jurídica a estas tecnologías.
“Que se informe por qué el Ministerio no trató el proyecto de Decreto Supremo, ni lo remitió al gabinete para su promulgación pese a que dicho proyecto estaría listo según fuentes públicas. Que se entreguen los informes técnicos y jurídicos que respaldan esta decisión, o su falta de avance”, pide esta solicitud de informe.
Asimismo, se demanda aclarar si hubo comunicaciones formales o informales de parte de empresas estatales bolivianas que hayan influido en frenar esta normativa, explicar los motivos para una falta de socialización y participación de expertos, empresas y ciudadanía en el proceso.
“El derecho de todos los bolivianos especialmente en zonas rurales y alejadas a contar con opciones de conectividad competitivas, modernas y libres de interferencias políticas no puede seguir siendo vulnerado”, sostuvo la legisladora, exigiendo conocer si autoridades bolivianas recibieron comunicaciones o presiones diplomáticas en torno a este tema.
“Nuestra soberanía tecnológica y la transparencia institucional deben estar por encima de intereses corporativos de empresas estatales, empresas privadas o presiones geopolíticas”, concluyó.
Fuente: El Diario