Una Sala Constitucional de Beni admitió el recurso de María Sierra Terán y fijó la audiencia para el lunes 21 de julio a las 10:00.
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En las pasadas horas se conoció que la Sala Constitucional Primera de Beni aceptó una acción popular contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que inhabilite a los candidatos a asambleístas nacionales que hayan ejercido dos mandatos previos, ya sea de forma continua o discontinua. Marlene Sierra Terán es la accionante que demanda el pronunciamiento sobre la Sentencia 0007/2025, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La audiencia está fijada para el 21 de julio a las 10.00, de acuerdo con el vocal relator Charles Mejía y la secretaria de la Sala. En el memorial enviado a ese tribunal de Beni, la ciudadana María Sierra Terán solicita la inhabilitación de los candidatos que hayan ejercido cargos públicos electos durante 10 años. Como medida cautelar, pide la suspensión temporal de la habilitación de las listas de candidatos que incluyan a exautoridades que hubiesen ocupado cargos electivos en dos períodos.
Al respecto, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, afirma que la acción popular es un nuevo intento de paralizar los comicios programados para el 17 de agosto. «Una inconstitucional acción popular pretende nuevamente afectar el proceso electoral. Extrañamente, la acción es admitida en el Tribunal Departamental del Beni, en la Sala del vocal (Charles) Mejía, al parecer en complicidad con los vocales ‘autoprorrogados’ pretenden un golpe a la democracia», escribió Salame en sus redes sociales.
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El memorial presentado por Marlene Sierra. Foto: Visión 360
Asimismo, asambleístas de oposición cuestionaron la intención de postergar los comicios nacionales y recordaron que se debe imponer el principio de la preclusión. El senador del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Adolfo Flores, asevera que es un intento desesperado del oficialismo arcista para tratar de impedir el proceso electoral debido a las cifras bajísimas que registra en intención de voto, tal cual revelan las encuestas dadas a conocer en las últimas semanas.
Ya anteriormente varias figuras de esa línea, incluido el expresidente Evo Morales, alertaron que el gobierno de Luis Arce, en concomitancia con operadores extranjeros, tiene la supuesta intención de montar un gran fraude que permita a Eduardo del Castillo vencer en las justas electorales del próximo mes y que, si no podía plasmar ese extremo, el plan B pasaba por derribar el proceso electoral con artilugios judiciales y constitucionales, posición refrendada por el senador pandino.
“Si no tiene consistencia el fraude electoral, definitivamente van a tumbar las elecciones, estoy entendiendo que el recurso presentado en Trinidad es el plan B, tumbas las elecciones porque definitivamente tienen candidatos que no suben en la preferencia electoral, tienen que buscar otra forma de lograr nuevamente producir el poder. Es lamentable, lo que sucede es una dictadura judicial. Hay intereses del grupo de poder actual, yo diría una organización criminal”, apuntó.
Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana y candidato por la alianza Unidad, Alejandro Reyes, compartió con sus colegas la percepción sobre un nuevo intento de afectar los comicios que va contra lo expresado por el pueblo boliviano, que pide que se lleven a cabo para que pueda ingresar un nuevo gobierno en el país que pueda dar solución a la mayor crisis económica que se experimenta desde hace cuatro décadas.
“Nuevamente estamos viendo como intentan sabotear y ponerle una zancadilla al proceso electoral el Tribunal Supremo Electoral no puede hacer caso de ninguna de estas acciones judiciales, mucho menos tomarlas en cuenta; la elección nacional está en un punto de no retorno, vamos a tener una elección general, por lo tanto, estos caprichos y berrinches responden a intereses políticos ocultos, habrá que ver quién está detrás de esta persona”, puntualizó.
Asimismo, señalo que con ley o sin ley, existe la preclusión y ‘no se debe mirar atrás’ a inhabilitados u otras acciones que intenten frenar el proceso electoral. similar opinión fue vertida por su colega Alberto Astorga, quien recordó que la Ley de Preclusión fue aprobada en Diputados hace tiempo, pero que, por descuido o interés político, no fue tratada en la Cámara de Senadores y apuntó a su presidente, Andrónico Rodríguez, como el directo responsable.
“Hay que echarle la culpa al niño mimado de Evo Morales, qué intenciones tendrá; sabemos que es candidato, pero, al mismo tiempo, sigue en contacto permanente con Evo Morales, por ahí en la negociación que tiene con Morales pretende obstaculizar la elección nacional, el responsable de no tratar esa ley es Andrónico Rodríguez, porque la Ley de Preclusión y de Debate Obligatorio se ha estancado en el Senado”, denunció.
Por otra parte, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, se refirió al recurso admitido por la sala de Beni para inhabilitar a los candidatos que no habrían renunciado a sus cargos, manifestó que independientemente de ello, los plazos ya fueron superados en el calendario electoral e indicó que no se debe dar curso a acciones que buscan entorpecer las elecciones del 17 de agosto.